Una jueza federal de California impuso límites temporales a los operativos de campo que el gobierno de Estados Unidos realizaba para investigar la elegibilidad de los votantes
La resolución alcanza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis)
Qué prohíbe la orden judicial
El fallo impide determinadas visitas domiciliarias e interrogatorios relacionados con cuestiones electorales cuando las agencias saben o sospechan que las personas involucradas son ciudadanas estadounidenses
La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, señaló que el objetivo es evitar que el DHS investigue de una manera que intimide o amenace la participación de ciudadanos y de organizaciones comunitarias que ayudan a otras personas a votar
La resolución no determina que sea ilegal investigar votaciones no autorizadas en elecciones federales. Su alcance se concentra en la forma en que se realizan esas investigaciones
Los nueve estados alcanzados
La restricción rige en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. En esos estados, las agencias no pueden ejecutar las intervenciones incluidas en la orden durante el período previo a las elecciones de mitad de término
La medida vence a las 20 horas del 3 de noviembre, cuando cierran las urnas, salvo que el tribunal disponga otra cosa
Registros, inteligencia artificial y posibles errores
El caso también cuestionó el funcionamiento de la iniciativa federal Unlawful Voter Initiative. Según los antecedentes presentados ante la corte, el programa reunió alrededor de 98 millones de registros comerciales y listas electorales
Esos datos fueron procesados con herramientas de inteligencia artificial dentro del sistema informático iLab. La demanda puso en duda la fiabilidad del procedimiento y advirtió que Estados Unidos no cuenta con una base federal única para comprobar directamente la ciudadanía de todas las personas
Además, funcionarios del Uscis habrían tenido hasta 12 minutos para revisar cada expediente. Los denunciantes sostuvieron que esa exigencia pudo favorecer errores de identificación
Como resultado, miles de ciudadanos estadounidenses habrían sido señalados por equivocación como posibles sospechosos de fraude electoral, incluidos ciudadanos naturalizados y miembros de la comunidad hispana
La presentación también denunció el envío de agentes armados a domicilios y la difusión de imágenes de arrestos en redes sociales como parte de una estrategia de presión pública
La demanda fue impulsada por sindicatos de trabajadores de la salud, una organización comunitaria dedicada a la defensa del voto y dos gobiernos locales de California. Sus integrantes sostuvieron que los operativos podían desalentar la participación electoral y afectar tanto a los votantes como a quienes colaboran con la inscripción y la movilización ciudadana