El gobierno de Yamandú Orsi sumó un nuevo frente abierto con derivaciones internacionales y con origen en decisiones tomadas durante la administración de Luis Lacalle Pou. Esta vez, el conflicto involucra a Veridos, la empresa de capitales mexicanos y alemanes que instaló y opera el sistema de control migratorio en puertos y pasos fronterizos, y que reclama al Estado uruguayo el pago de 10,7 millones de dólares

La firma ya activó el procedimiento previo a un eventual arbitraje internacional. Ese paso, sin embargo, también deja abierta la posibilidad de una salida negociada si las partes alcanzan un entendimiento en los próximos meses

Veridos sostiene que el cargo de 2,10 dólares más IVA por pasajero controlado debía comenzar a cobrarse una vez que el sistema quedó operativo, algo que ocurrió hace más de un año. Según la empresa, ese mecanismo no fue abonado

Negociación antes que tribunales

La compañía remitió una nota el 11 de agosto al presidente Orsi y a los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y del Interior, Carlos Negro, para comunicar el inicio formal del período de negociaciones

En el Ejecutivo aseguran que la intención es evitar una disputa judicial o arbitral. Por eso, en los próximos días convocarán a representantes de la empresa para retomar el diálogo y buscar una salida

“La idea es llegar a un acuerdo; sentarnos a conversar y encontrar una solución”, señaló una fuente de la Torre Ejecutiva

Un conflicto que arrastra decisiones previas

En el oficialismo consideran que se trata de otra herencia problemática de la gestión anterior, en una lista que también incluye los atrasos vinculados al Ferrocarril Central, la reformulación del proyecto de agua potable en Arazatí y el contrato con el astillero Cardama por dos patrulleras oceánicas, luego rescindido por este gobierno

El tema ya generó además repercusiones políticas. Días atrás, Charles Carrera planteó que era necesario revisar decisiones adoptadas durante la anterior administración y recordó que la adjudicación a Veridos había sido observada tres veces por el Tribunal de Cuentas

Qué dice el reclamo

En la carta de seis páginas, la empresa afirma que existieron omisiones del Estado uruguayo. También pide que se pague de inmediato lo adeudado y que se garantice el funcionamiento futuro del mecanismo de cobro, ya sea mediante el cumplimiento del decreto vigente o con un nuevo sistema

La misiva advierte que, si en un plazo de seis meses desde el 11 de agosto no hay una solución amistosa, la empresa avanzará con el arbitraje internacional

Cómo se llegó hasta acá

Veridos fue adjudicataria en setiembre de 2023 y firmó el contrato el 20 de diciembre de ese año bajo la modalidad llave en mano. El acuerdo comprendía la instalación y el mantenimiento de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan de Uruguay

El proyecto alcanzó 17 pasos fronterizos y dio lugar al Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay (Sigmu). El precio quedó fijado en el decreto aprobado el 31 de enero de 2024, que obligaba a las navieras que operan en puertos a cobrar el cargo a los pasajeros

En febrero de 2024, las navieras impugnaron el decreto y presentaron un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Un año más tarde, en febrero de 2025, el Ministerio del Interior y Veridos emitieron el informe final que habilitó la puesta en funcionamiento del sistema

Desde la óptica de la empresa, ese momento marcó el inicio del cobro. Según su planteo, no se recibió ningún pago a cuenta y Uruguay no adoptó medidas concretas para atender el reclamo