El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) comenzó a aplicar una nueva regla que habilita a derivar ciertos pedidos de asilo afirmativo directamente a un juez de inmigración, sin una entrevista previa al solicitante
La medida entró en vigor el 28 de julio y no alcanza de manera automática a todos los expedientes. Antes de decidir, los funcionarios deben revisar el formulario, las pruebas presentadas y toda la información disponible
Qué cambia en el trámite
La norma se aplica a algunos solicitantes que no tengan otra base legal para permanecer en Estados Unidos y cuyos casos, tras la evaluación del Uscis, no puedan ser aprobados o no justifiquen una concesión discrecional
El sistema distingue entre asilo “afirmativo”, que tramita el Uscis para personas que no están en proceso de deportación, y asilo “defensivo”, que queda en manos de los jueces de inmigración para quienes ya están sometidos a un proceso de remoción
Con el nuevo esquema, ciertos expedientes podrán pasar de forma directa al tribunal, donde el solicitante podrá exponer su pedido de protección dentro del proceso de remoción
El gobierno sostiene que el cambio evitará una revisión duplicada y reducirá el tiempo de resolución
El alcance y las objeciones
La administración calcula que la regla podría impactar en más de un millón de extranjeros. Al cierre de los primeros tres meses del año fiscal 2026, el atraso en los casos llegaba a 1.418.536 expedientes
Además, se estimó que unas 444.724 solicitudes podrían reunir inicialmente las condiciones para ser evaluadas bajo el nuevo procedimiento
Desde el gobierno, Joseph Edlow, director del Uscis, afirmó que el sistema de asilo fue usado durante demasiado tiempo para demorar procesos y obtener permisos de trabajo, en lugar de proteger a quienes realmente lo necesitan
Del lado de los críticos, Ira Kurzban sostuvo que la reforma puede convertir al sistema en una “máquina de deportación”. Robyn Barnard, de Human Rights First, cuestionó que la solución sea rechazar peticiones en masa en vez de garantizar un juicio justo y la posibilidad de defenderse ante un tribunal