El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos publicó nuevas pautas para evaluar la inadmisibilidad por carga pública en los pedidos de ajuste de estatus a residente permanente legal

La actualización, que responde a una regla final del Departamento de Seguridad Nacional, comenzará a aplicarse a las solicitudes enviadas por correo o presentadas en línea desde el 18 de septiembre

Qué mirará la agencia

La ley migratoria no define de manera precisa qué es una carga pública, pero ordena analizar cinco variables: edad, salud, situación familiar, bienes y recursos económicos, además de educación y habilidades

Los কর্মকর্তarios también podrán revisar la declaración jurada de patrocinio económico, un documento que compromete a otra persona a sostener financieramente al solicitante

La decisión se tomará con base en el expediente completo y en la suma de las circunstancias de cada caso

Beneficios que pueden pesar en contra

Además de esos criterios, la evaluación podrá considerar si el solicitante recibió ayudas sujetas a verificación de recursos, entre ellas asistencia monetaria para ingresos, ayuda habitacional, cupones de alimentos y apoyo financiero para estudios universitarios

Quiénes quedan alcanzados

La medida se aplica a la mayoría de los extranjeros que piden ajustar su estatus migratorio, incluidos familiares de ciudadanos y residentes permanentes, prometidos, trabajadores, inversionistas, religiosos, beneficiarios de visas de diversidad y otros grupos contemplados por la normativa

Quiénes no entran en la revisión

Quedan excluidos asilados, refugiados, solicitantes de TPS, víctimas de trata o de ciertos delitos con visas especiales, autopeticionarios bajo la ley de violencia doméstica, algunos programas humanitarios y otras categorías protegidas por el Congreso

Fianzas para destrabar casos

Si un funcionario concluye que la única causal de inadmisibilidad es una posible dependencia futura de asistencia pública, puede pedir una fianza. Esa garantía puede ser en efectivo o mediante una caución emitida por una compañía autorizada

El monto se fijará según la ayuda estatal que, en teoría, la persona podría recibir en los próximos cinco años. Si cumple con la exigencia, la residencia permanente puede ser aprobada