La democracia excede ampliamente el momento de emitir el voto. Aunque las elecciones representan su manifestación más visible, el sistema necesita ciudadanos activos, organizaciones representativas, partidos capaces de debatir y una sociedad involucrada en las decisiones colectivas

Cuando esa participación se debilita, la política corre el riesgo de transformarse en un procedimiento formal: se eligen autoridades y luego las decisiones quedan confinadas a ámbitos cerrados

La participación como derecho político

La Constitución Nacional reconoce esta dimensión de la vida democrática. El artículo 37 garantiza los derechos políticos y el sufragio universal, mientras que el artículo 38 asigna a los partidos una función institucional relevante

Por eso, la democracia argentina no se limita a organizar elecciones periódicas. También debe ofrecer canales efectivos para que la ciudadanía se organice, intercambie ideas y construya alternativas

El debate sobre las PASO

En ese contexto se ubica la discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El mecanismo fue establecido por la Ley 26.571, sancionada en 2009, y se implementó por primera vez en las elecciones nacionales de 2011

Las PASO volvieron a utilizarse en 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 y 2023. Su creación incorporó a los ciudadanos en una instancia previa de selección de candidaturas, que hasta entonces permanecía principalmente bajo control de las dirigencias partidarias

Las normas electorales pueden revisarse y perfeccionarse. Sin embargo, cualquier modificación debería preservar el objetivo central de las instituciones: ampliar la participación y sostener el pluralismo

El costo institucional y el repliegue social

Una parte importante de la discusión sobre las primarias se concentra en su costo económico. Pero el funcionamiento de las instituciones no puede evaluarse únicamente desde una perspectiva contable. Al igual que el Congreso o la Justicia, también implica una inversión en los mecanismos que hacen posible la vida republicana

El desafío actual consiste en evitar que los ciudadanos se alejen de la política. El desencanto y la sensación de que las decisiones se toman lejos de los problemas cotidianos favorecen ese retiro

Cuando la sociedad abandona los espacios de participación, el poder no desaparece: tiende a concentrarse. En ese escenario, las decisiones pueden quedar dominadas por corporaciones o estructuras con mayor capacidad económica y de influencia

Partidos con presencia permanente

La respuesta ante la desconfianza no debería ser reducir la participación, sino fortalecer sus canales. Los partidos políticos tienen una responsabilidad pendiente: su tarea no puede limitarse a presentar candidaturas y propuestas durante las campañas

También deberían funcionar como ámbitos permanentes de formación, discusión y elaboración de ideas. Votar supone escoger entre opciones ya disponibles; participar implica intervenir en la creación de esas opciones, controlar a quienes ejercen el poder y promover transformaciones

Por eso, toda reforma electoral debería analizarse no solo por su funcionamiento técnico, sino también por sus efectos sobre la participación cívica. Las reglas pueden cambiar, pero la ciudadanía debe conservar un papel central

La democracia requiere instituciones, aunque no se sostiene únicamente por sus procedimientos. También depende de una sociedad capaz de involucrarse de manera continua en las decisiones que definen su futuro