Javier Milei afirmó que la Argentina expulsó a 10.000 terroristas durante el año pasado y que en lo que va de este año ya fueron 20.000. La cifra, sin embargo, no coincide con los registros disponibles de la Dirección Nacional de Migraciones

Ese organismo informó que durante el año pasado fueron deportadas 772 personas. Según los datos difundidos, muchas estaban vinculadas con delitos como narcotráfico o agresiones sexuales, pero ninguna fue expulsada bajo la figura de terrorismo

Una cifra sin respaldo oficial

La declaración presidencial también plantea interrogantes de seguridad. Si hubieran ingresado o intentado ingresar 30.000 terroristas en menos de dos años, resultaría razonable preguntarse a qué organizaciones pertenecían, qué objetivos tenían y por qué no se activaron alertas nacionales o internacionales

El vocero presidencial, Adrián Ravier, tampoco logró explicar el origen del número con claridad. La magnitud del dato contrasta, además, con los antecedentes recientes de ataques terroristas masivos. El 7 de octubre de 2023, alrededor de 6.000 integrantes de Hamas y de otros grupos armados ingresaron desde la Franja de Gaza al sur de Israel. El ataque dejó 1.195 muertos, 3.400 heridos y 350 personas secuestradas

En la Argentina, la memoria de los atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994, vuelve especialmente delicado el uso de la palabra “terrorismo”. Por eso, la utilización de esa categoría sin pruebas verificables resulta particularmente grave cuando proviene del jefe de Estado

El criterio selectivo sobre los indicadores

El episodio se suma a otras afirmaciones de Milei sobre la situación económica. En la misma entrevista, el Presidente cuestionó los indicadores que advertían una posible recesión técnica y sostuvo que las estadísticas podían estar mostrando resultados incorrectos

Desde el inicio de su mandato también pronosticó una inflación anual del 17.000%, una estimación que no figuraba en las principales proyecciones económicas. En distintos momentos afirmó, además, que había sacado de la pobreza a 10, 11, 13 o 15 millones de personas

La defensa presidencial de los datos cambia cuando estos favorecen su gestión. Poco después de poner en duda las estadísticas oficiales, Milei compartió una publicación de Elon Musk que celebraba la caída de la inflación mensual argentina desde el 25,5% registrado al comienzo de su gobierno hasta el 1,7% de agosto de 2026

La contradicción deja planteada una pregunta central: si los indicadores no reflejan la realidad, ¿por qué deberían considerarse válidos cuando muestran una mejora económica?

El deterioro del debate público

El problema excede la discusión sobre la inflación, el consumo o la recesión. Cuando la máxima autoridad política afirma que las estadísticas mienten, también pone bajo sospecha los datos sobre pobreza, desempleo y crecimiento

Ese mecanismo debilita la posibilidad de discutir políticas públicas sobre bases comunes. Si cada cifra puede ser descartada cuando resulta incómoda y aceptada cuando es conveniente, la discusión queda subordinada a la voluntad de quien ejerce el poder

La confrontación permanente también afecta la autoridad presidencial. La falta de precisión permite que circulen otras afirmaciones falsas o imposibles de comprobar, mientras se vuelve más difícil distinguir entre una diferencia de interpretación y una manipulación deliberada

Milei suele responder a las críticas con descalificaciones y presenta sus propias convicciones como verdades definitivas. Esa actitud reduce los matices, desalienta el diálogo y transforma las diferencias políticas en enfrentamientos personales

La convivencia democrática exige escuchar, negociar y aceptar límites. La imposición constante puede servir para ganar una discusión momentánea, pero deteriora las condiciones necesarias para gobernar con otros

El desafío no es solo que el Presidente revise sus afirmaciones. También es que la sociedad no naturalice el uso despreocupado de cifras, acusaciones y categorías tan graves como la de terrorismo. Recuperar un debate público basado en evidencias será cada vez más difícil si la palabra oficial pretende reemplazar a los hechos