A unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas del Atlántico Sur, el yacimiento Sea Lion se acerca a una etapa decisiva. Descubierto hace dieciséis años, podría comenzar a producir petróleo en marzo de 2028, de acuerdo con los planes anunciados

En diciembre de 2025, Rockhopper y Navitas aprobaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto. El desembolso estimado ronda los 1800 millones de dólares, mientras que las licencias fueron extendidas por 35 años por la administración de las islas. La producción podría mantenerse durante más de tres décadas

El escenario ya no es el de una campaña exploratoria o una iniciativa distante. Se trata del avance hacia la extracción prolongada de un recurso no renovable en un área cuya soberanía es objeto de una disputa reconocida por las Naciones Unidas

Un proyecto de escala regional

La explotación de Sea Lion sería una de las operaciones petroleras de mayor alcance desarrolladas en los espacios marítimos próximos a las Malvinas desde 1982. En agosto, Navitas ejerció la opción para adquirir un segundo buque de producción, con capacidad para incorporar hasta 125.000 barriles diarios y acelerar futuras etapas

Durante los últimos dieciséis años, la Argentina aprobó normas específicas, declaró ilegales las actividades hidrocarburíferas no autorizadas, sancionó empresas, impulsó causas judiciales y presentó protestas diplomáticas

Rockhopper fue declarada clandestina y sus operaciones fueron consideradas ilegales en 2012. En 2013 recibió una inhabilitación por veinte años. Navitas fue alcanzada por sanciones similares en 2022. Sin embargo, esas medidas no impidieron que Sea Lion avanzara hacia la producción comercial

La respuesta dentro del país

El Gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que amplía y endurece las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina. La iniciativa también contempla a accionistas y proveedores

A esa vía se sumó una resolución de la Justicia Federal de Río Grande, que ordenó de manera cautelar a Rockhopper y Navitas suspender las actividades vinculadas con Sea Lion

El alcance de estas herramientas, sin embargo, está condicionado por el control británico de hecho sobre el área. El Reino Unido sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las empresas que operan en las islas y mantiene su respaldo a la actividad económica local, incluida la explotación de hidrocarburos

Esta posición contradice el llamado de las Naciones Unidas a que las partes se abstengan de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa de soberanía continúe pendiente

Una ofensiva en el ámbito internacional

Ante la proximidad del inicio de la producción, la estrategia argentina podría incorporar una dimensión internacional más activa. La resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y convocó a ambos gobiernos a negociar

También resultan relevantes la resolución 3160, de 1973, que pidió acelerar las conversaciones, y la resolución 31/49, de 1976, que reclamó evitar decisiones capaces de introducir modificaciones unilaterales mientras la controversia permaneciera abierta

Una iniciativa específica sobre Sea Lion en la Asamblea General permitiría reafirmar esos antecedentes, advertir sobre el carácter irreversible de la extracción de un recurso no renovable y volver a colocar la negociación bilateral en el centro de la agenda

Las recientes declaraciones de Donald Trump, quien se ofreció a intervenir en la controversia, incorporaron un elemento adicional. Sus dichos no implican un cambio formal de la posición estadounidense y también deben interpretarse en el marco de sus diferencias con Londres, pero muestran que la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar en la discusión política internacional

La alternativa jurídica de la Convemar

Otro camino posible es explorar los mecanismos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar. La Argentina y el Reino Unido son partes de ese tratado

La eventual acción no buscaría resolver la soberanía sobre las islas, que continúa encuadrada en la controversia bilateral reconocida por las Naciones Unidas. El objetivo sería analizar si existen herramientas para cuestionar la explotación unilateral de recursos naturales mientras la disputa sigue pendiente

Si correspondiera, la Argentina podría solicitar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales mientras se desarrolla el procedimiento. No existe certeza sobre el resultado de una iniciativa de ese tipo, pero permitiría examinar una vía destinada a detener la extracción antes de que comience

El antecedente de Chagos

La disputa entre Mauricio y el Reino Unido por el archipiélago de Chagos ofrece un antecedente relevante. En 2010, Mauricio inició un arbitraje bajo la Convemar por la creación británica de un área marina protegida. El tribunal rechazó utilizar la Convención para resolver la cuestión de la soberanía

El proceso continuó por otras vías. Mauricio acudió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que luego pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. El máximo tribunal se pronunció en 2019

El caso mostró que la diplomacia, los organismos de Naciones Unidas y los mecanismos jurisdiccionales pueden integrarse en una estrategia común, aun cuando una de las vías no permita resolver directamente la disputa territorial

El impacto sobre el financiamiento

La internacionalización del conflicto también podría afectar las condiciones del proyecto. Sea Lion requiere capital, bancos, aseguradoras, buques, proveedores y empresas de servicios

Un emprendimiento sometido a controversias internacionales y procedimientos arbitrales enfrenta un escenario diferente del que tendría si avanzara bajo una apariencia de normalidad jurídica. Además, una estrategia diplomática más intensa elevaría los costos políticos para el Reino Unido y dificultaría sostener indefinidamente la negativa a negociar mientras se adoptan decisiones unilaterales sobre los recursos del área

La Argentina cuenta con un respaldo internacional construido durante más de seis décadas en torno al llamado de las Naciones Unidas a encontrar una solución negociada. La combinación de sanciones internas, acciones judiciales, diplomacia y derecho internacional podría ampliar las posibilidades de condicionar el proyecto

El objetivo es actuar antes de que comience la extracción. Una vez producido el primer barril, revertir sus consecuencias será mucho más difícil