Daniela Alejandra Aguilera fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la ciudad de Salta. La sentencia se dictó tras la homologación de un acuerdo alcanzado en una audiencia de revisión de prisión preventiva

Una investigación iniciada por una denuncia anónima

La causa comenzó a partir de un aviso recibido por vía web, que alertó sobre supuestas maniobras de venta de droga en una vivienda del barrio Solidaridad. Desde entonces, se pusieron en marcha tareas de vigilancia, entrevistas y registros fotográficos y fílmicos

Según lo reunido en el expediente, los investigadores detectaron movimientos reiterados en torno a la casa y observaron intercambios que coincidían con ventas al menudeo. En esa dinámica, personas se acercaban a una ventana del inmueble y allí se producían los trueques de dinero por envoltorios con droga

Hallazgos en el allanamiento

La pesquisa incluyó también intervenciones sobre algunos compradores, a quienes se les secuestró pasta base de cocaína al retirarse del lugar. Con esos elementos, la fiscalía pidió una orden de allanamiento que fue concretada el 17 de julio

Durante el procedimiento, los agentes encontraron envoltorios con cocaína, algunos ocultos dentro de un mate, además de cocaína granulada sobre dos platos. También secuestraron cuchillos, un colador con restos de sustancia, una balanza, una tijera, bolsas, recortes de plástico, marihuana, dinero en efectivo y ocho teléfonos celulares

De acuerdo con la causa, el material incautado equivalía a más de 400 dosis de cocaína y marihuana, un dato que quedó incorporado como parte central de la acusación

La condena

Aguilera permanecía detenida en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta mientras avanzaba el proceso. En la audiencia, las partes acordaron la responsabilidad penal por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

El juez José Luis Riera homologó ese acuerdo y dictó la condena a cuatro años de prisión efectiva. La acusada había admitido su responsabilidad en el expediente impulsado por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad