La Justicia federal de Rosario formalizó una investigación contra una expartera de 88 años, acusada de haber intervenido en la supresión y alteración de la identidad de una niña mediante un certificado de nacimiento con datos presuntamente falsos

El documento fue confeccionado en enero de 1970, cuando la imputada trabajaba en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña. La fiscalía también analiza otras denuncias de personas que aseguran haber sido separadas de su identidad de origen

Un estudio genético abrió la investigación

El expediente comenzó con la denuncia de C.E.M.Q., quien durante años dudó de la información consignada en su partida de nacimiento. En 2012 solicitó un estudio genético a A.T.B., la mujer que figuraba como su madre. El resultado descartó el vínculo biológico, con una probabilidad de 0,0%

La partida había sido confeccionada el 9 de enero de 1970. Allí constaba que la niña había nacido en un hospital municipal y que E.A.Q. y A.T.B. eran sus progenitores. Ambos fallecieron antes del inicio de la causa

Según la hipótesis fiscal, la entonces partera certificó un nacimiento y asentó una filiación que no se correspondía con la realidad. Ese documento habría permitido inscribir a la niña como C.E.M.Q. ante el Registro Civil

La denunciante contó que su madre de crianza le reveló, antes de morir, que su nacimiento habría ocurrido cerca del 27 de diciembre de 1969. También le habría dicho que una joven que no podía hacerse cargo de la crianza entregó a la niña y que quienes la recibieron pagaron dinero y un pasaje hacia una zona rural de Mar del Plata

La fiscalía revisa al menos cinco casos

Durante la audiencia, la fiscal federal Soledad García señaló que el caso individual forma parte de una investigación más amplia. La fiscalía analiza al menos cinco denuncias de personas que sostienen que su identidad fue suprimida

Los hechos bajo análisis habrían ocurrido entre 1968 y 1980, durante el período en que la acusada trabajaba en la maternidad del hospital rosarino. La hipótesis sostiene que los bebés eran separados de sus madres biológicas y entregados a cambio de dinero

Para la fiscalía, el uso de una certificación oficial para establecer una filiación falsa excedería un eventual incumplimiento administrativo, ya que sus efectos jurídicos continuarían mientras las víctimas no pudieran reconstruir su identidad de origen

La investigación fue encuadrada provisoriamente en los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años, previstos en el artículo 139 del Código Penal, y falsedad ideológica de instrumento público, contemplada en el artículo 293

El juez rechazó la prescripción y ordenó una prueba de ADN

La audiencia se realizó el miércoles pasado ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. La defensa había pedido que se declarara prescripta la acción penal, pero el magistrado rechazó el planteo

El juez consideró que se investiga un delito continuado, cuyos efectos se mantienen mientras no se determine la identidad de las personas afectadas

Además, autorizó la extracción compulsiva de ADN de la imputada en el marco de la pesquisa sobre D.E.V., una mujer criada como hija de la expartera. Según la resolución, la medida no vulnera sus garantías ni la obliga a declarar contra sí misma

La Justicia también dispuso medidas cautelares que no implican prisión. La mujer deberá presentarse cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, entregar su pasaporte, no salir del país, evitar todo contacto con las víctimas e informar cualquier cambio de domicilio