Una mujer fue condenada en Salta a tres años de prisión condicional y al pago de $35 millones, luego de admitir su responsabilidad en 48 hechos de estafa vinculados a la captación ilegal de fondos a través de una financiera que prometía altos rendimientos semanales
Una financiera ilegal y promesas de ganancias rápidas
La acusada, Patricia Jimena Vidaurre, firmó un acuerdo de juicio abreviado con la Unidad de Delitos Económicos Complejos y reconoció haber intervenido como autora de estafas reiteradas en concurso real. La homologación quedó a cargo del juez Nicolás Rodríguez Pipino durante una audiencia de revisión de prisión preventiva
La investigación comenzó en agosto de 2025, a partir de denuncias de personas que habían entregado dinero a una financiera ilegal conocida como “Inversiones Alyson”. Según la pesquisa, se ofrecían rendimientos semanales del 40% al 60%, calculados sobre el monto invertido
Las operaciones se coordinaban principalmente por grupos de WhatsApp, mientras que los pagos y transferencias se realizaban de manera presencial o por medios electrónicos. Al principio, los compromisos se cumplían, lo que generó confianza entre los aportantes. Después, los pagos empezaron a demorarse y finalmente se interrumpieron, al igual que el contacto con quienes reclamaban la devolución del dinero
La causa incorporó denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación vinculada a “Préstamos e Inversiones Alyson”. También se pidieron informes a entidades bancarias y financieras, y se tomaron testimonios de las víctimas
Vidaurre fue detenida el 28 de agosto de 2025 junto con su pareja y el hijo de él, aunque respecto de ambos el proceso sigue en trámite. En los operativos hubo allanamientos en Salta Capital y Rosario de Lerma, donde se secuestró documentación relevante. Además, se inmovilizaron cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas a la acusada
La prueba reunida permitió ampliar la imputación de 32 a 48 hechos de estafa. Según el acuerdo judicial, la condenada deberá pagar la suma pactada en nueve cuotas, mientras uno de sus inmuebles quedará embargado hasta completar el pago
También se le impusieron reglas de conducta por tres años: fijar domicilio y mantenerlo actualizado, no consumir estupefacientes ni abusar del alcohol, no cometer nuevos delitos y realizar tareas de limpieza semanales en la dependencia policial más cercana a su casa. El juez dispuso su libertad inmediata bajo esas condiciones
Otra causa con más de 130 cargos
En paralelo, en Salta avanza otra investigación por una presunta red de estafas procesales. El abogado Lucas Ignacio M. G. enfrenta ahora 138 imputaciones, tras la actualización de la acusación realizada por la UDEC en una audiencia ante el juez de Garantías
La nueva atribución incluye 64 hechos de estafas procesales reiteradas, 24 de falsificación de instrumento privado y 50 de abuso de firma en blanco. La causa también involucra a otras tres personas, dos de ellas incorporadas recientemente
Según la fiscalía, la maniobra consistía en captar a personas en situación de vulnerabilidad económica mediante préstamos informales con condiciones abusivas. A cambio, les hacían firmar documentos en blanco que después eran completados con montos desproporcionados o datos falsos para iniciar juicios ejecutivos
La investigación sostiene además que se utilizaron domicilios inventados o duplicados, lo que impidió que las víctimas recibieran notificaciones y pudieran defenderse. Eso derivó en embargos sobre sueldos y bienes sin aviso previo
La causa se originó cuando los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos detectaron patrones repetidos de irregularidades en expedientes tramitados por el mismo abogado. Luego intervino el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que analizó más de 70 expedientes y sumó testimonios y denuncias de personas que figuraban como demandadas
Con esos elementos, la fiscalía pidió el levantamiento del secreto bancario de los principales imputados, la prohibición de salida del país, la retención de documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados
El 29 de abril se realizaron allanamientos en 19 domicilios, entre ellos el estudio jurídico del abogado, viviendas particulares y otros inmuebles mencionados en los expedientes. En esos procedimientos se secuestró dinero, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa
En la vivienda de una de las coimputadas también se incautaron dinero, cuadernos, carpetas, títulos de crédito en dólares y comprobantes bancarios. Durante los operativos se detectaron propiedades desocupadas o ajenas a los acusados, un elemento que reforzó la hipótesis de un fraude sistemático