La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles hacia la Quinta Presidencial de Olivos para rechazar el programa de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno y el financiamiento previsto mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El sindicato calificó la iniciativa como un “nefasto programa” y un “negociado multimillonario”. También cuestionó la ausencia del presidente Javier Milei de la Casa Rosada y de la residencia oficial de Olivos

“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Según el dirigente, la medida implicaría una pérdida de derechos y profundizaría el proceso de ajuste sobre la estructura estatal

ATE denunció despidos, contratos no renovados, reducción de puestos permanentes, incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos. Aguiar sostuvo además que el programa podría derivar en la tercerización de funciones y en un proceso de privatización de gran parte de la Administración Pública

Alcance del programa y condiciones para los trabajadores

El plan fue formalizado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Quienes adhieran no podrán volver a ingresar al Estado durante ocho años

La normativa también establece que los cargos que queden vacantes no serán ocupados nuevamente. La medida forma parte de la estrategia oficial para reducir el empleo público

De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, la administración pública nacional contaba con unos 341.000 empleados al inicio de la gestión y cerca de 72.000 personas dejaron de integrar la planta desde entonces. El objetivo oficial es alcanzar una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año

El financiamiento previsto con el BID

A través del decreto 1177/26, el Gobierno reglamentó una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares. El préstamo tendría distintos destinos y, según lo informado, 300 millones estarían destinados a cubrir los costos de los retiros voluntarios

ATE cuestionó que se utilice deuda en moneda extranjera para financiar el programa y sostuvo que esa modalidad sería ilegal. Esa interpretación forma parte de los argumentos planteados por el sindicato