La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, condenó a cuatro años de prisión al delegado camionero Fernando Espíndola por hechos ocurridos en 2021 contra la distribuidora Rey Distribución SRL, de San Pedro
La sentencia se dictó en un juicio abreviado. Espíndola fue declarado culpable de turbación de la posesión y amenazas coactivas, en tentativa y consumadas. La acusación por extorsión, en cambio, no prosperó
Los bloqueos y la amenaza al contador
Uno de los hechos ocurrió el 15 de enero de 2021, cuando un grupo de manifestantes se ubicó en los accesos de la empresa e impidió la entrada y salida de vehículos
El segundo bloqueo comenzó el 22 de febrero y se extendió hasta el 25 de ese mes. En esa oportunidad, los camioneros colocaron un colectivo o motorhome del sindicato frente al portón de la distribuidora
El tercer episodio ocurrió el 20 de abril de 2021 en la sede sindical. La víctima fue Víctor Grabovieski, contador de la empresa, quien fue intimado junto con los propietarios de Rey Distribución para firmar un convenio de pago por una supuesta deuda salarial, de aportes y de obra social. El acuerdo ascendía a $805.383,03 y debía abonarse en dos cuotas
La causa también involucraba a Maximiliano Cabaleyro, jefe regional del sindicato de camioneros. El 14 de octubre, el dirigente fue absuelto por el juez Alejandro López, quien consideró que los hechos estaban vinculados con el legítimo ejercicio del derecho de huelga
Una condena sin regreso a prisión
Espíndola, de 56 años, fue detenido el 8 de abril de 2022. Luego cumplió prisión domiciliaria y obtuvo la excarcelación. Como ya estuvo privado de su libertad durante más de cuatro años, no volverá a prisión por esta condena
La defensa anticipó que apelará la sentencia. También se indicó que la fiscalía recurriría la decisión para sostener la acusación por extorsión
En el fallo, la jueza señaló que el derecho de huelga está reconocido por la Constitución y por las leyes sindicales, pero aclaró que su ejercicio debe compatibilizarse con otros derechos fundamentales, entre ellos la propiedad y la libertad de las personas