El Gobierno defendió el artículo de la denominada ley de Malvinas que contempla penas para quienes realicen campañas masivas de desinformación. La propuesta generó cuestionamientos de sectores de la oposición y de especialistas en derecho constitucional, que advirtieron sobre posibles usos políticos contra la prensa

El proyecto impulsa la modificación del artículo 225 bis del Código Penal. La reforma prevé penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva

Según la explicación oficial, el objetivo es dotar al Estado de herramientas para enfrentar eventuales operaciones de influencia extranjera. El Gobierno sostiene que la legislación vigente no cuenta con instrumentos suficientes para abordar ese tipo de amenazas

Desde la Casa Rosada remarcaron que no se busca sancionar una nota periodística por considerarla falsa o engañosa. Afirmaron que debería demostrarse judicialmente la existencia de una campaña general, organizada, financiada y coordinada desde el exterior

“No es que el Estado va a penar si una nota es desinformación o engañosa; queremos protegernos de la influencia externa”, señalaron fuentes oficiales. También rechazaron que la norma tenga como finalidad perseguir a periodistas y sostuvieron que apunta a preservar el ejercicio soberano del país

Dentro del Gobierno admitieron, de todos modos, que el texto puede ser revisado. Algunos funcionarios expresaron su disposición a analizar propuestas de la oposición y de especialistas para acotar o precisar el alcance del artículo

Los críticos de la iniciativa consideran que su redacción es demasiado amplia y que podría derivar en persecución política o censura previa. El Gobierno negó esa posibilidad y atribuyó esas interpretaciones a una supuesta mala intención de sus detractores

El estratega Santiago Caputo, uno de los impulsores del proyecto enviado al Congreso, afirmó que la ley no afecta la libertad de expresión de ciudadanos ni periodistas. Además, calificó como “agentes ingleses” a quienes se oponen a la propuesta

En la misma línea, el economista Federico Domínguez distinguió entre publicar información falsa y ejecutar en el país una operación de desinformación financiada y dirigida desde el extranjero. Según planteó, solo esta última conducta constituiría un delito contra la seguridad nacional