El proyecto de ley de defensa de la soberanía de las islas Malvinas, presentado en la Cámara de Diputados, generó cuestionamientos entre distintos bloques opositores
La iniciativa oficial propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal e incorporar penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva
El texto también contempla sanciones para quienes promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes. En esos casos, las penas podrían alcanzar entre ocho y 15 años si se utilizaran amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales
Críticas por la amplitud del delito
Legisladores opositores consideran que la redacción es ambigua y podría habilitar acciones de persecución política contra periodistas, organizaciones civiles y dirigentes bajo la acusación de actuar como agentes extranjeros
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que la propuesta podría convertirse en una herramienta para concentrar poder y perseguir penalmente a opositores. También cuestionó que una modificación de este alcance sea incorporada dentro de una iniciativa vinculada con la soberanía sobre Malvinas
El diputado Pablo Juliano alertó que el Gobierno busca contar con un instrumento para acusar a distintas personas de intentar desestabilizarlo. Desde Unión por la Patria, en tanto, señalaron que Fernando Cerimedo podría haber enfrentado una condena si la norma ya estuviera vigente
Advertencias de especialistas y organizaciones civiles
Especialistas en derecho constitucional también plantearon reparos sobre el primer apartado del artículo, al considerar que la descripción de la conducta sancionada resulta demasiado abierta y podría utilizarse contra opositores
Organizaciones de la sociedad civil expresaron una preocupación similar. Advirtieron que el combate contra la desinformación no debería transformarse en una herramienta de censura o en una amenaza para periodistas y entidades sociales
Se prevé que los cuestionamientos vuelvan a plantearse durante el tratamiento del proyecto en las comisiones de la Cámara de Diputados, previsto para la semana del 7 de octubre
La iniciativa continúa en etapa de análisis