Un acuerdo político y social para sostener las obras

La Iglesia, la fundación TECHO y organizaciones sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un proyecto de ley respaldado por 11 bloques legislativos de 10 provincias. La iniciativa busca asegurar por norma el financiamiento de obras de integración socio-urbana en barrios populares hasta 2036

El texto, impulsado por el diputado Juan Grabois, propone fijar un piso presupuestario atado al Producto Bruto Interno y evitar que los recursos queden sujetos a los cambios de cada administración. La propuesta alcanza a más de cinco millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares relevados en el país

La respuesta a una caída abrupta del financiamiento

El proyecto aparece como respuesta a una resolución judicial que reclamó al Congreso garantizar recursos para estas obras luego de la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En ese pronunciamiento, el juzgado sostuvo que la falta de financiamiento configuró una regresividad incompatible con derechos básicos como vivienda, hábitat y ambiente sano

El FISU había sido creado en 2019 para financiar infraestructura en los barrios inscriptos en el ReNaBap y llegó a sostener una política pública de gran escala. Según los fundamentos del proyecto, esa herramienta permitió aprobar más de 1.300 obras, entre ellas apertura y mejora de calles, redes de agua, cloaca y electricidad, además de lotes con servicios

El esquema se desarmó cuando se redujo drásticamente su participación en la recaudación del Impuesto PAIS y luego ese tributo dejó de existir. De acuerdo con los datos citados en la iniciativa, la ejecución de obras cayó 98% entre 2023 y 2026 y 671 de las 1.322 obras en marcha quedaron paralizadas

La fórmula propuesta y el alcance social

El artículo central del proyecto fija un financiamiento mínimo equivalente al 0,0375% del PBI para el período 2027-2029, con subas graduales hasta llegar al 0,1125% entre 2034 y 2036. El texto aclara que no crea un impuesto nuevo, sino que ordena una prioridad dentro de los recursos generales del Estado

Además, establece que las partidas no podrán ser inferiores a las del año anterior y plantea prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en barrios populares

Desde TECHO, la iniciativa fue presentada como una manera de garantizar fondos para los sectores más postergados. La organización remarcó que cerca de 1,7 millones de chicos y chicas viven en barrios donde las viviendas se inundan, el suelo sigue siendo de tierra y la mejora habitacional depende de inversión sostenida

El mapa actual de los barrios populares

El último relevamiento del ReNaBap, actualizado a diciembre de 2025, registró 6.467 barrios populares en todo el país, con una superficie total de 684.201.855 metros cuadrados. Allí viven unas 1.287.942 familias, en 1.170.397 viviendas

El informe clasifica al 81,24% como asentamientos, al 17,41% como villas y al 1,35% como conjuntos habitacionales unifamiliares. También señala que el 91,57% no tiene acceso formal al agua corriente, el 66,18% carece de energía eléctrica formal, el 97,42% no está conectado a la red cloacal, el 98,56% no cuenta con gas y el 98,89% no dispone de calefacción formal

La política de integración socio-urbana, según los datos oficiales citados en la iniciativa, también permitió entregar casi 859.000 Certificados de Vivienda Familiar, generar 23.909 lotes con servicios y alcanzar a más de 1.300.000 personas. El programa Mi Pieza, además, redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados

Una señal de crisis social y económica

El proyecto llega en un contexto de deterioro económico profundo en los territorios más vulnerables. Un relevamiento del Instituto Periferias, encabezado por Daniel Menéndez, mostró que el hambre y la pobreza siguen siendo los principales problemas percibidos en la provincia de Buenos Aires, mientras que una gran parte de los hogares no logra cubrir sus gastos básicos y recurre al endeudamiento para comprar comida

Con ese escenario de fondo, los impulsores de la ley buscan convertir en obligación legal una política que, según sostienen, no puede quedar librada a la discrecionalidad presupuestaria ni a los vaivenes políticos

El proyecto cuenta con firmas de diputados de distintos espacios, entre ellos Coalición Cívica, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, la UCR, el MID y otros bloques provinciales