El Registro Nacional de Armas autorizó la destrucción total de 13.446 chalecos antibalas vencidos de la Policía de Santa Fe. Se trata del primer procedimiento de este tipo que logra concretarse en el país, según los expedientes administrativos del propio organismo

La decisión deja al descubierto un problema extendido: la acumulación de chalecos fuera de uso en depósitos de fuerzas de seguridad y otros organismos públicos. Las estimaciones internas hablan de entre 300.000 y 500.000 unidades en esa situación, aunque no existe un número exacto porque no todas las jurisdicciones reportaron su stock

Un atraso regulatorio de años

La potestad para autorizar y fiscalizar la destrucción de materiales controlados es exclusiva del RENAR. Esa facultad está prevista en la Ley 27.192, sancionada en 2015, pero durante más de nueve años no hubo una reglamentación efectiva para destrabar los procesos de baja y eliminación

Los chalecos antibalas tienen una vida útil certificada de cinco años. Pasado ese plazo, ya no puede garantizarse el nivel de protección original. Aun así, en muchas fuerzas los equipos vencidos siguieron guardados sin destrucción efectiva

Una auditoría interna del Ministerio de Seguridad realizada en 2024 detectó que Gendarmería, Prefectura, la PSA y la Policía Federal acumulaban 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, es decir, el 64% del total

Cómo se destruyen los materiales

La reglamentación vigente creó un registro de plantas habilitadas para la disposición final de chalecos antibalas y otros materiales de uso especial. Esas empresas deben estar autorizadas y supervisadas por el RENAR

Los métodos admitidos incluyen corte, deshilado, triturado y fundición. En todos los casos debe quedar inutilizada la identificación del material y debe asegurarse una certificación técnica del proceso final

Antecedentes que no llegaron a ejecutarse

Antes del caso santafesino ya había órdenes de destrucción que quedaron sin efecto. En 2021 se dispuso eliminar 3.446 chalecos defectuosos elaborados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía bonaerense. Un año después se ordenó una nueva destrucción para un lote de la Policía de la Ciudad. Ninguna de esas operatorias avanzó entonces por falta de capacidad tecnológica

La situación no se limita a las fuerzas federales. La Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados; Córdoba incorporó 17.000 nuevos ante faltantes operativos, y Entre Ríos repuso 1.300 luego de admitir que gran parte de su parque ya había cumplido su vida útil

Los stocks provinciales y el riesgo de desvío

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad informó que conserva 207.000 chalecos vencidos en guarda desde 2015 y que firmó un convenio con la UTN para comenzar su destrucción progresiva. El proceso, según esa cartera, arrancó el 2 de agosto de 2026 y seguirá hasta eliminar el último material controlado

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, señalaron que los chalecos vencidos están resguardados en depósitos policiales y que por ahora no es una prioridad iniciar el trámite. También indicaron que cada unidad cuenta con numeración individual para su trazabilidad

La preocupación por el descarte no es solo administrativa. En causas judiciales ya aparecieron chalecos provenientes de circuitos oficiales en manos de bandas criminales. Especialistas remarcan que, aunque vencidos, los paneles balísticos pueden conservar parte de sus propiedades y ser reutilizados si no se destruyen correctamente

El caso Santa Fe como punto de partida

La autorización para Santa Fe se tramitó en trece expedientes electrónicos, once vinculados al lote original y dos a una ampliación del 20%. El procedimiento quedó caratulado como destrucción de chalecos de protección balística

Con la normativa ya vigente y plantas habilitadas para operar, la eliminación de los stocks acumulados dependerá ahora de que cada jurisdicción inicie su propio trámite ante el RENAR

En el Gobierno nacional sostienen que la política de seguridad solo queda completa cuando también se planifica el descarte seguro. Si no, advierten, el Estado termina acumulando material degradado, pagando almacenamiento y elevando el riesgo de desvíos hacia el delito