Veinte años después de la desaparición de Jorge Julio López, la investigación continúa sin imputados, sin responsables identificados y sin una explicación sobre su destino. El expediente reúne más de 50 cuerpos y numerosos anexos, pero todavía no logró establecer qué ocurrió con el albañil de Los Hornos
La causa, registrada como una desaparición forzada, tramita ante el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Desde 2009, la instrucción está delegada en la Unidad Fiscal Federal de La Plata, conducida por el fiscal Hernán Schapiro
El análisis de millones de llamadas
Una de las principales expectativas está puesta en el procesamiento de cerca de 10 millones de comunicaciones telefónicas realizadas antes y después de la desaparición. Los registros fueron reunidos a partir de distintos números y de las pistas seguidas durante la pesquisa
El trabajo comenzó en 2019 y está a cargo de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. La tarea enfrenta dificultades por la incompatibilidad de los sistemas utilizados por la Policía Bonaerense, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de la falta de coordinación entre esas fuerzas
Tras cuatro años sin mantener una reunión, Rubén López y su abogado, Alfredo Gascón, fueron recibidos recientemente por Schapiro. El fiscal les informó que el cotejo de los datos habría permitido detectar elementos de interés para identificar a algunas personas y abrir una posible línea de investigación. Por ahora, sus nombres permanecen reservados
La búsqueda entre cuerpos no identificados
En paralelo, continúa la búsqueda de López entre los cuerpos NN registrados en todo el país. La Unidad Fiscal trabaja junto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas
También fueron consultadas las morgues de todas las provincias y se revisaron registros bonaerenses, incluidos los 43 cementerios de la provincia y las fichas dactiloscópicas de personas no identificadas
El estudio de 66 tumbas con cadáveres NN del Cementerio de La Plata, iniciado en 2021, no aportó información útil. Tampoco confirmó la identidad de un cuerpo conservado desde enero de 2007 en la morgue del Hospital Posadas, cuya posible pertenencia a López había sido investigada durante años
Un acuerdo con el Estado que sigue pendiente
La familia espera que el Gobierno active las medidas previstas en el acuerdo de solución amistosa alcanzado a fines de 2023 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese documento, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber protegido adecuadamente al testigo, por las fallas de la investigación y por la falta de resultados en la búsqueda
El compromiso incluye un acto público de reconocimiento, un informe integral sobre el caso, el fortalecimiento de las políticas de asistencia a víctimas y testigos y el impulso de una ley nacional para buscar personas desaparecidas en democracia
También se estableció la creación de un tribunal arbitral que deberá fijar la indemnización para la familia. El organismo estará integrado por un representante estatal, uno de los familiares y un tercer miembro elegido de común acuerdo con intervención de la CIDH
El acuerdo fue firmado en octubre de 2023 por el entonces secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y los hijos del testigo, Rubén y Gustavo López. Luego fue homologado mediante un decreto firmado por Alberto Fernández el 9 de diciembre de ese año
La familia sostiene que las obligaciones asumidas todavía no fueron cumplidas. Rubén López afirmó que, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, ningún funcionario se comunicó con ellos. Además, investigadores judiciales señalaron que fue retirado un equipo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que colaboraba con la pesquisa
La desaparición de un testigo clave
Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el día en que estaban previstos los alegatos del juicio contra Miguel Etchecolatz, exjefe de Inteligencia de la Policía Bonaerense
Era la segunda vez que sufría una desaparición. En 1976 había sido secuestrado de su casa de Los Hornos y trasladado por distintos centros clandestinos. En abril de 1977 su detención fue formalizada y permaneció en la Unidad Penal N.º 9 de La Plata hasta recuperar la libertad, en junio de 1979
La experiencia de la represión lo convirtió en un testigo central. Sus declaraciones aportaron datos sobre el funcionamiento de los centros clandestinos y sobre numerosos integrantes de los grupos represivos. Su testimonio fue determinante para la condena de Etchecolatz y para otros procesos por crímenes de lesa humanidad
Una causa atravesada por cambios y pistas fallidas
La investigación pasó por cinco juzgados. En las primeras horas, la Justicia provincial inició actuaciones por averiguación de paradero y delegó diligencias en la misma fuerza policial a la que López había denunciado. Luego, la Corte Suprema unificó el expediente en el fuero federal y lo encuadró como desaparición forzada
Durante los años siguientes se analizaron posibles vínculos con policías en actividad y retirados, comunicaciones de represores detenidos en Marcos Paz y otras hipótesis que no produjeron resultados. El expediente también incluyó operativos originados en rastros caninos, declaraciones sin sustento y un registro migratorio falso que indicó, erróneamente, que López había salido del país
El abogado de la familia considera que la causa representa un fracaso evidente, aunque reconoce el trabajo realizado por la fiscalía
El legado judicial de sus declaraciones
Aunque su desaparición nunca fue esclarecida, las grabaciones de López continuaron siendo utilizadas en los juicios contra represores. Sus aportes permitieron avanzar sobre Hugo Guallama, Jorge Bergés, Ángel Trotta, Carlos Landoni, Julio César Garachico y Pedro Muñoz, entre otros
Landoni recibió prisión perpetua en 2012. Garachico fue condenado en 2022 y cumple arresto domiciliario en Mar del Plata. Muñoz fue condenado el 3 de julio pasado por el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata
La fiscalía llevó a juicio a los represores señalados por López que aún estaban vivos con la expectativa de que alguno aportara información sobre su segunda desaparición. Ninguno de esos procesos permitió determinar qué ocurrió con él
En junio pasado, el Gobierno bonaerense elevó hasta 10 millones de pesos la recompensa por información que permita establecer su paradero. Dos décadas después, el misterio continúa abierto