El Senado debate un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen regulatorio de los biocombustibles, con incrementos escalonados en los porcentajes de mezcla hasta 2036. A partir de ese momento, el mercado debería avanzar hacia un esquema de libre competencia

La propuesta busca incentivar inversiones, reforzar la seguridad energética y promover una transición hacia un sector más competitivo, transparente, desregulado y ambientalmente sostenible

Un debate atravesado por intereses regionales

La iniciativa divide a los bloques políticos de acuerdo con las características productivas de cada provincia. Senadores de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires cuestionaron el texto y alertaron que podría perjudicar a los pequeños productores

Según sus críticas, las nuevas reglas favorecerían la concentración de la actividad en grandes compañías aceiteras de Santa Fe y Córdoba. Para reducir esas objeciones, durante las últimas horas se incorporaron modificaciones destinadas a proteger a las empresas pequeñas y medianas que no forman parte de cadenas productivas integradas

El proyecto declara de interés público la fabricación, el almacenamiento, la mezcla, la comercialización y el autoconsumo de biocombustibles en todo el país

Los nuevos porcentajes de mezcla

Para el gasoil, la propuesta establece un corte obligatorio inicial de 7,5% de biodiésel. Doce meses después de la promulgación de la ley, ese porcentaje subiría al 10%

En el caso de las naftas, el corte inicial de bioetanol sería del 12%, con una participación equivalente de productos derivados de la caña de azúcar y del maíz: 6% para cada origen. Luego del primer año de vigencia, la proporción aumentaría al 15%, y el porcentaje restante podría completarse con otras materias primas renovables

Subastas y beneficios impositivos

El texto incorpora un sistema de subastas públicas para la comercialización mensual destinada a cumplir con los cortes obligatorios. Las operaciones se realizarían en un Mercado Electrónico administrado por un organismo independiente y tomarían como referencia los valores internacionales de paridad de importación

Además, los biocombustibles quedarían exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono. Los tributos se aplicarían únicamente sobre el componente fósil de la mezcla final

La iniciativa también contempla la desregulación del uso y la comercialización de energías renovables complementarias, como el biometano destinado a los gasoductos y el Combustible Sostenible de Aviación

Definiciones para limitar la concentración

Entre los cambios incorporados se encuentran nuevas categorías para diferenciar a las empresas integradas verticalmente de aquellas que no pertenecen a una cadena productiva de ese tipo

Serían consideradas integradas las plantas con una capacidad superior a 50.000 toneladas anuales que, además, formen parte de grupos económicos propietarios de fábricas de aceites vegetales o harinas proteicas. Las empresas con una capacidad igual o inferior a 50.000 toneladas por año, o que no pertenezcan a conglomerados aceiteros, quedarían dentro de la categoría no integrada

El proyecto fija también una cláusula antimonopolio: ninguna empresa o grupo económico podría adjudicarse más del 10% del biodiésel comercializado anualmente, con un límite máximo de 50.000 toneladas por firma

A su vez, la autoridad de aplicación debería establecer regiones geográficas de negociación, cada una con un límite de hasta el 20% del volumen anual comercializado. El objetivo es mejorar la logística, reducir los costos de transporte y preservar las cadenas agroindustriales del interior

Apoyos y cuestionamientos en el recinto

La senadora Flavia Royón, de Primero los Salteños y presidenta de la Comisión de Minería, defendió la iniciativa. Sostuvo que no se trata de una reforma, sino de un nuevo marco regulatorio orientado a construir una política de largo plazo con previsibilidad y competencia

Royón afirmó que el esquema permitiría fortalecer las economías regionales y agregar valor a los granos en los lugares de origen

Desde una posición contraria, el senador Daniel Bensusán, del PJ de La Pampa, advirtió que las regulaciones podrían provocar el cierre de pequeñas y medianas empresas en provincias del interior

El legislador sostuvo que el proyecto podría concentrar la producción en el polo agroexportador de Santa Fe y afectar el empleo y las inversiones realizadas en La Pampa y San Luis