La Corte Suprema resolvió que el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas investigue la causa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El expediente incluye la compra de una quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar
El tribunal anuló la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había declarado competente al juzgado federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay
Los argumentos del máximo tribunal
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que la resolución de Casación afectó la garantía del juez natural y aplicó de manera incorrecta las reglas de competencia
Según la Corte, aquella sentencia tampoco analizó los argumentos de la fiscalía, que había planteado la intervención de la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires
Para el máximo tribunal, la investigación no se limita a la adquisición del inmueble de Pilar. El expediente analiza una presunta maniobra de lavado de activos que habría utilizado personas jurídicas, cambios societarios y distintas operaciones patrimoniales
La Corte también señaló que el objeto de la causa se amplió a medida que ingresaron nuevas denuncias, pedidos de instrucción fiscal y otros elementos al expediente
El origen de la disputa entre juzgados
La investigación comenzó con una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como compradores de la quinta mediante la empresa Real Central SRL
La sospecha es que ambos podrían haber actuado como testaferros, debido a que, según las pruebas reunidas, no contarían con capacidad económica suficiente para justificar la operación. Pantano es monotributista y tenía una deuda bancaria superior a 2.000.000 de pesos al momento de la denuncia. Conte, su madre, es jubilada y recibió el Ingreso Familiar de Emergencia durante la pandemia
El expediente fue asignado inicialmente a Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py. El juez se declaró incompetente y remitió la causa al fuero penal económico, que tampoco aceptó intervenir
Luego, la defensa pidió que el caso quedara en manos del juzgado federal de Campana, por considerar que ese tribunal tenía competencia territorial debido a la ubicación de la quinta. El planteo fue aceptado, pero el juzgado en lo penal económico se negó a enviarle el expediente
Ese juzgado sostuvo que la investigación no estaba centrada únicamente en el inmueble, sino también en presuntas maniobras de administración fraudulenta atribuidas a directivos de la AFA con domicilio en la ciudad de Buenos Aires
El recorrido procesal hasta la Corte
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín había resuelto la disputa en favor del juzgado de Campana. La fiscalía apeló y el expediente llegó a la Cámara Federal de Casación Penal
En una primera intervención, Casación ordenó que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico definiera el conflicto. Ese tribunal asignó el caso al juzgado en lo penal económico N° 10
La defensa presentó entonces un nuevo recurso. En esa segunda intervención, la Sala I de Casación declaró competente al juzgado federal de Campana
El Ministerio Público Fiscal cuestionó esa decisión y llevó el expediente ante la Corte Suprema, que finalmente resolvió que la investigación continúe bajo la órbita del juzgado de Rafecas