La ejecución del decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad permanece pendiente de una definición de la Corte Suprema. El monto, que deben afrontar Cristina Kirchner y los demás condenados, asciende a US$ 645 millones

El 28 de mayo, la Cámara Federal de Casación rechazó los recursos extraordinarios presentados para frenar el remate. Las defensas recurrieron luego en queja ante el máximo tribunal, que todavía debe resolver

Un remate condicionado por la decisión de la Corte

Si la Corte rechaza los planteos, el Tribunal Oral Federal 2 podría avanzar con la ejecución patrimonial y con la subasta virtual de 111 inmuebles vinculados con la causa

La medida alcanza a 84 propiedades de Lázaro Báez, una de Cristina Kirchner, 19 que Máximo y Florencia Kirchner recibieron a título gratuito y otras pertenecientes a Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto

Las defensas sostienen que los bienes de los hijos no deberían ser decomisados porque ellos no fueron condenados. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara Federal de Casación consideraron que esos fondos formaban parte del objeto del delito, aunque hubieran sido heredados posteriormente

La resolución de Casación fue adoptada por mayoría. Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos, mientras que Mariano Borinsky votó parcialmente en disidencia y propuso revisar algunos inmuebles adquiridos antes de 2004

Ese voto es uno de los principales argumentos que las defensas llevan ante la Corte. Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, planteó además una posible vulneración del derecho de propiedad y del principio de legalidad

La valuación y el destino de los inmuebles

Aun si la Corte se pronuncia, el decomiso no se concretaría de inmediato. Primero, el Cuerpo de Peritos Tasadores debe entregar la valuación de las propiedades

También resta que la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte responda una consulta del tribunal oral sobre el reglamento aprobado mediante la Acordada 22/2025

La Corte tiene prioridad para elegir los inmuebles que considere útiles para el funcionamiento del Poder Judicial. Esas propiedades no serían subastadas, sino incorporadas al patrimonio del máximo tribunal o del Poder Judicial

Después de esa selección, podría avanzar el cambio de titularidad de los bienes asignados a la Corte y la subasta del resto mediante la plataforma de remates online utilizada por la Justicia

En julio, la Corte ya había rechazado las quejas contra la actualización del monto calculado según el Índice de Precios al Consumidor. La suma quedó fijada en $684.990.350.139,86. La cuestión aún pendiente es qué bienes se utilizarán para cubrirla

Un segundo pedido de decomiso

Los fiscales también solicitaron un decomiso más amplio, que incluye 141 inmuebles, 46 automotores, US$5.656.134 y $53.280,24

El Tribunal Oral Federal 2 ordenó medidas de prueba para reunir la información necesaria. Mientras tanto, dispuso embargos preventivos sobre bienes de Los Sauces SA, Hotesur SA, Lázaro Báez, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, ubicados en la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut

Cuando finalice esa etapa, la fiscalía y los acusados podrán presentar sus posiciones. Luego, el tribunal decidirá si esos bienes también se incorporan al decomiso y al eventual remate

Otros planteos pendientes sobre la ejecución de la pena

La condena por la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025. Sin embargo, todavía tramitan ante la Corte otros planteos relacionados con la ejecución de la pena

El 17 de julio, la Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba que se revisaran la obligación de Cristina Kirchner de utilizar una tobillera electrónica, el régimen de visitas y el uso de la terraza de su domicilio en San José 1111

Borinsky volvió a votar en disidencia y entendió que el planteo involucraba cuestiones constitucionales vinculadas con la privacidad y la igualdad ante la ley. Hornos y Barroetaveña conformaron nuevamente la mayoría

Después de esa resolución, la defensa presentó una queja ante la Corte para intentar dejar sin efecto las restricciones del arresto domiciliario. En diciembre de 2025, el máximo tribunal ya había confirmado el uso de la tobillera y considerado abstracto el régimen de visitas porque había sido reemplazado