LA PLATA. El Juzgado Contencioso y Administrativo N° 4 de La Plata intimó al Gobierno nacional a informar cuántas hectáreas de la provincia de Buenos Aires pertenecen a titulares extranjeros y dónde están ubicadas
La resolución también ordenó conservar todos los datos, informes y antecedentes registrales vinculados con la compra de tierras rurales por parte de extranjeros
El plazo fijado por la Justicia
El Ministerio de Justicia de la Nación tendrá cinco días para indicar hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos y garantizar la preservación íntegra de la documentación recopilada durante los últimos 15 años
La medida cautelar fue promovida por la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino. El organismo sostuvo que la derogación de la ley de tierras rurales eliminó mecanismos de control, el mapa dominial y restricciones para la venta de campos a extranjeros
Según el planteo, esa situación dificulta conocer la distribución del territorio y puede afectar la protección ambiental en distritos con una alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate
El impacto sobre la información territorial
La jueza Güendalina Sessarego consideró que la pérdida o alteración de los registros podría generar un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia
“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, afirmó Lorenzino
El titular de la Defensoría agregó que preservar la información pública sobre el territorio es fundamental para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones
Si el Gobierno cumple con la intimación, la Defensoría del Pueblo podría acceder en cinco días a un registro actualizado de las tierras bonaerenses en manos extranjeras
La derogación de la ley de tierras
La ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal. También fijaba restricciones por nacionalidad y por titular
En diciembre de 2023, el artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei, derogó esa norma. La eliminación había quedado suspendida judicialmente durante casi tres años
La semana pasada, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación. El máximo tribunal sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había iniciado la demanda, no contaba con legitimación suficiente
La Corte no analizó la constitucionalidad del artículo 154. Sin embargo, su decisión confirmó en la práctica la derogación de la ley mediante el decreto presidencial