Durante su cena anual, Poder Ciudadano llamó la atención sobre la falta de políticas firmes contra la corrupción y expresó preocupación por distintas medidas impulsadas por el Gobierno. Bajo el lema “las instituciones importan”, su presidente, Martín D’Alessandro, sostuvo que la Argentina atraviesa un escenario de retroceso institucional

Ante más de 800 asistentes reunidos en el Hotel Sheraton, D’Alessandro afirmó que la corrupción continúa entre las principales preocupaciones de la sociedad y señaló que el país no estaría avanzando en transparencia. A su entender, algunas decisiones oficiales podrían ampliar los márgenes de impunidad

Críticas a la agenda de transparencia

El titular de la organización cuestionó los proyectos para reducir la cantidad de juzgados federales de Comodoro Py, el tratamiento de la llamada “inocencia fiscal” y los cambios en la legislación sobre financiamiento de los partidos políticos

También objetó la eliminación de límites para las donaciones de campaña y la posibilidad de desarrollar campañas paralelas sin controles suficientes. A esa lista sumó el crecimiento del gasto en organismos de inteligencia sin mecanismos de rendición de cuentas

D’Alessandro mencionó además investigaciones por el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y por presuntas compras con sobreprecios de medicamentos y prótesis en la Agencia Nacional de Discapacidad, causa en la que permanece procesado su exdirector Diego Spagnuolo

Un deterioro que también impacta en la economía

El presidente de Poder Ciudadano citó el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que ubica a la Argentina en el puesto 104 entre 182 países, con 36 puntos sobre 100. Según señaló, se trata del peor registro de la última década y forma parte de una caída que se extiende desde hace seis años

También vinculó la corrupción con la pérdida de inversiones. Recordó que un informe de la OCDE ubicó a la Argentina en el último lugar regional en recepción de inversión extranjera y estimó que las prácticas corruptas representan un costo anual de entre el 8% y el 10% del PBI

Frente a la idea de que reducir el tamaño del Estado elimina esas prácticas, D’Alessandro sostuvo que tanto el exceso de regulaciones como una desregulación sin controles pueden generar nuevas oportunidades para maniobras ilegales. Como ejemplo, mencionó una investigación por contrabando vinculada con la importación de automóviles de alta gama

Acceso a la información y designación de jueces

La organización también cuestionó los decretos 780/2024 y 467/2026. El primero modificó las reglas de acceso a la información pública, incorporó restricciones para los datos considerados de naturaleza privada y exigió acreditar un interés público comprometido

El segundo decreto, firmado por Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, redujo los mecanismos de participación ciudadana en la selección de jueces, fiscales, defensores y autoridades del Ministerio Público

Entre otros cambios, eliminó el plazo de 15 días hábiles para presentar apoyos o impugnaciones ante el Poder Ejecutivo. También quitó la posibilidad de que el Ministerio de Justicia solicite opiniones a entidades profesionales, académicas y sociales, además de retirar ciertos criterios de género, especialidad y procedencia regional para la elección de candidatos a la Corte Suprema

El Gobierno justificó esas modificaciones al considerar que las instancias anteriores se superponían con la publicidad y las audiencias públicas previstas por el Senado

Preocupación por el proyecto sobre Malvinas

D’Alessandro cuestionó además el proyecto relacionado con empresas petroleras extranjeras que operan sin licencia argentina en el área de las Islas Malvinas. Advirtió que la iniciativa podría afectar la libertad de expresión al establecer penas para conductas definidas de manera ambigua, entre ellas las denominadas campañas de desinformación masiva

También expresó reparos frente a los proyectos sobre regulación del lobby y a las obligaciones previstas para las organizaciones no gubernamentales, que a su juicio podrían convertirse en un régimen de vigilancia sobre la sociedad civil

Un reclamo por la participación ciudadana

El dirigente sostuvo que la participación social debería ser entendida como un aporte y no como un obstáculo. En ese sentido, alertó sobre una creciente intolerancia y sobre la reducción de los espacios de intervención ciudadana

Para D’Alessandro, la transparencia, la independencia judicial y la integridad pública reducen la incertidumbre económica, favorecen el acceso al crédito y mejoran las condiciones para atraer inversiones

La cena contó con la presencia de integrantes de la Justicia, entre ellos Inés Weinberg, Julio Conte Grand, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Diego Luciani, Sergio Mola, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Eduardo Taiano, Mario Villar y Claudio Navas Rial

También participaron Laura Alonso, Sebastián Lacunza, Ernesto Sanz, Alfonso Prat-Gay, Sebastián Pareja, Sebastián Galmarini y Margarita Stolbizer. El diputado Luis Petri asistió junto con la periodista Cristina Pérez

D’Alessandro aclaró que la posición de Poder Ciudadano no depende de quién gobierne y afirmó que ningún resultado de gestión, ideología o lealtad partidaria justifica tolerar la corrupción ni avanzar sobre los límites de la democracia