Casi 400.000 islandeses deciden este sábado si el país retoma, más de una década después, el proceso de adhesión a la Unión Europea. Las encuestas dibujan una ventaja muy estrecha para los partidarios de volver a abrir las conversaciones, aunque el rechazo sigue siendo fuerte, sobre todo por el peso del sector pesquero, que representa alrededor del 40% de la economía nacional
Islandia inició las negociaciones en 2010 y las dejó en suspenso tres años más tarde, en parte por las tensiones que generaba la política común de pesca. La eventual entrada en la UE implicaría ceder parte del control del sector a Bruselas, una advertencia que la líder opositora, Gudrún Hafsteinsdóttir, ha repetido durante la campaña
La pesca, el gran obstáculo
La primera ministra, Kristrún Frostadóttir, y el ministro de Economía, Dadi Már Kristófersson, principal impulsor de la consulta, defienden que Islandia puede lograr concesiones relevantes en materia pesquera. También sostienen que el acceso al euro podría aportar ventajas claras tanto a las empresas como a la población
Ambos insisten además en que el país llega a este momento en una posición más sólida que hace veinte años, cuando la crisis financiera golpeó con fuerza a sus instituciones y terminó por frenar el acercamiento a Europa
Desde Bruselas, la disposición a reactivar el diálogo ha sido bien recibida. La comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, ha señalado que Islandia ya forma parte del mercado único y que unas negociaciones podrían cerrarse en uno o dos años
El bloque europeo considera además que la isla, rica, estable y alineada con los valores comunitarios, tendría un encaje rápido, con el añadido de su papel estratégico como miembro de la OTAN en el Atlántico Norte
Un resultado todavía abierto
La última encuesta de Maskina, publicada esta semana, sitúa al 48,7% de la población en contra de reanudar las conversaciones y al 51,3% a favor. La diferencia es tan corta que ninguno de los dos bloques puede dar por asegurado el desenlace
Para responder a las reticencias, el Gobierno islandés quiere blindar su sector pesquero frente a la política común europea. Su plan pasa por declarar la zona marítima que rodea la isla como un área especial de gestión bajo control de Reikiavik, con capacidad para fijar las capturas máximas y repartir las cuotas
También busca mantener las restricciones nacionales a la inversión extranjera en la pesca, incluidas las normas sobre los vínculos económicos entre los armadores y las plantas procesadoras
Ante esas exigencias, el Ejecutivo comunitario ha dejado abierta la puerta a fórmulas flexibles. Aun así, si las negociaciones prosperan, Islandia tendría que celebrar otro referéndum antes de cualquier adhesión definitiva. Frostadóttir considera la votación de este sábado un punto decisivo para la relación con Europa y ha advertido de que un rechazo cerraría esa vía
Advertencia por injerencias
En paralelo, el Gobierno reclama que la consulta se desarrolle sin interferencias. La ministra de Exteriores, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, ha denunciado intentos de sembrar miedo dentro y fuera del país y ha advertido de campañas de desinformación con mensajes que buscan influir en el debate público
Según la jefa de la diplomacia islandesa, la votación está expuesta a actores que podrían intentar alterar su resultado mediante presión externa y contenido engañoso