El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas se verán las caras este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, una cita en la que figurará la ayuda de 25 millones de euros para Ceuta y que llega atravesada por el choque político sobre los menores migrantes que permanecen en la ciudad autónoma desde la llegada masiva registrada en julio

La fecha se fijó el 13 de agosto en la Comisión Sectorial, la reunión técnica previa entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales autonómicos. Aragón, Castilla y León y Extremadura, gobernadas por PP y Vox, no acudieron entonces y previsiblemente tampoco participarán en la sesión de este jueves

Un orden del día discutido

Según trasladó el Ministerio, las comunidades presididas por el PP rechazaron incluir en el orden del día un punto específico para debatir la atención a los menores migrantes no acompañados de Ceuta. Aun así, el departamento de Sira Rego prevé volver a plantearlo al inicio de la reunión, con una votación sobre su incorporación

La intención es abrir un bloque más amplio sobre políticas de infancia que incluya la propuesta de derivar a 500 niñas desde Ceuta a la Península. El plan que estudia el Ministerio contempla una acogida integral para los menores llegados a la ciudad autónoma y la búsqueda de fórmulas que permitan acelerar los traslados sin necesidad de transferir la tutela a las comunidades

Entre esas opciones figuran la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las autonomías, el acogimiento familiar y otras vías para que entidades de protección a la infancia atiendan a los perfiles más vulnerables, especialmente a las niñas, en recursos adaptados en la Península

El pulso político se agrava

El PP insiste en que el interés del menor pasa por permanecer con su familia y se apoya en el aval de la Comisión Europea al retorno de los menores que entraron por la frontera ceutí. El partido también recuerda declaraciones previas de Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares que, según su interpretación, apuntaban a ese regreso

Desde el Gobierno, Sira Rego ha respondido que la propuesta popular no es una reunificación familiar ni un retorno, sino una deportación sin garantías y sin derechos. La ministra sostiene que la normativa española y europea exige escuchar al menor, la intervención de la Fiscalía, la protección de sus derechos y la cooperación entre países, y subraya que cualquier retorno debe ser voluntario y con garantías

La reforma de Extranjería, en el centro

La disputa se enmarca en el debate sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada el año pasado. Esa modificación estableció un mecanismo obligatorio y solidario de reparto en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, de modo que cuando un territorio triplica su capacidad ordinaria de acogida, se activa la reubicación hacia otras autonomías en función de criterios como población, renta per cápita o tasa de paro

Varias comunidades gobernadas por el PP han rechazado ese sistema y han llevado el reparto a los tribunales, alegando falta de transparencia en los datos y problemas de financiación. La sesión de este jueves volverá a situar ese desacuerdo en el centro de la negociación política sobre la respuesta a la presión migratoria en Ceuta