Legisladores peruanos de distintas fuerzas políticas reclamaron este lunes que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori retire del cargo al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, luego del cuádruple homicidio y el secuestro de un empresario minero en la ciudad norteña de Trujillo
El episodio volvió a encender las críticas sobre el deterioro de la seguridad en el país y sobre la eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar al crimen organizado, entre ellas los estados de emergencia declarados en Lima, Callao y Pataz, una zona marcada por la minería ilegal
Presión política por un relevo
Harvey Colchado, coronel de la Policía y ahora diputado de Ahora Nación, sostuvo en redes sociales que el Ejecutivo actúa como cómplice de la permanencia de Arriola y le pidió que dé un paso al costado. También cuestionó que la respuesta oficial al ataque haya sido solicitar al Congreso facultades legislativas para combatir la inseguridad
Colchado afirmó además que en ese pedido no figura ningún cambio a la norma que impide remover al jefe policial durante dos años, una disposición respaldada en el Congreso anterior por Fuerza Popular. Según dijo, no se puede trasladar al Parlamento una responsabilidad que el Gobierno ni siquiera intentó resolver
En la misma línea, la diputada Indira Huilca, también de Ahora Nación, señaló que el crimen organizado avanza sin control mientras el Gobierno busca excusas para mantener a Arriola al frente de la Policía. A su juicio, el oficial no tiene resultados que justifiquen su continuidad
La legisladora Rossana Alayza, del centrista Partido del Buen Gobierno, opinó que la renuncia del comandante general debió pedirse hace tiempo debido a la seguidilla de hechos violentos registrados en el país y, en particular, al caso de Trujillo
Desde Renovación Popular, el diputado Diego Bazán dijo que la salida de Arriola no resolverá por sí sola la crisis, pero remarcó que ha ocupado ese puesto bajo los últimos cuatro gobiernos sin resultados. Añadió que respaldará una iniciativa de Juntos por el Perú para modificar la duración del cargo, que hoy es de dos años
La diputada Catherin Palomino, autora de esa propuesta, afirmó que el Gobierno prometió orden y mano dura contra el crimen, pero está dejando desorden y caos en el país
La víctima y el contexto
El empresario secuestrado el domingo fue identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años. Según la información disponible, se dedica a la compra y venta de oro en Pataz, una provincia declarada en emergencia por la actividad de organizaciones criminales que disputan el control de las galerías mineras
Las cuatro personas asesinadas dentro del vehículo eran sus acompañantes