La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación por omisión
La acción judicial se refiere a su actuación durante la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma los días 30 y 31. La organización sostiene que en ese episodio accedieron a Ceuta unas 80.000 personas
Además, la fundación solicita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaren como testigos. El objetivo sería determinar qué información recibió el Ejecutivo sobre la situación fronteriza y qué decisiones adoptó
También reclama la declaración de Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. Sanz ha afirmado que trasladó a Triano información crítica sobre la frontera que le había comunicado un contacto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
La petición de investigar toda la cadena de decisiones
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha defendido que la investigación debe llegar hasta el final y no limitarse al último eslabón
“Si hubo advertencias previas, hay que saber hasta dónde llegaron y qué hizo el Gobierno con ellas. Por eso pedimos que Sánchez y Marlaska declaren ante la Audiencia Nacional”, ha señalado
Castellanos también ha reclamado transparencia para conocer qué información recibió el Ejecutivo y cómo actuó ante esas advertencias
Las alertas previas sobre el acceso a Ceuta
La querella sostiene que el 29 de julio el CNI informó a la Delegación del Gobierno sobre una convocatoria masiva difundida en redes sociales. Según el escrito, las cuentas vinculadas a esa convocatoria reunían a 180.000 seguidores y llamaban a acceder de forma irregular a Ceuta por el espigón del Tarajal y por vía marítima
La fundación considera que, pese a disponer de esos datos, no se adoptaron las medidas preventivas ni los refuerzos necesarios
Para esclarecer lo ocurrido, solicita que el CNI certifique las alertas y notas informativas enviadas a la Delegación los días 28 y 29 de julio. También pide los registros de llamadas, correos electrónicos y mensajes, las actas de las reuniones de coordinación policial y las solicitudes de refuerzos formuladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil antes del 30 de julio
La seguridad de las instalaciones de agua
La acción judicial incluye además la situación de los asentamientos ubicados cerca de infraestructuras esenciales para el abastecimiento de agua de Ceuta, como la planta desaladora y la estación de tratamiento de aguas
La Fundación Española de Abogados Cristianos sostiene que la falta de desalojos o de refuerzos de seguridad pudo generar un riesgo para instalaciones críticas de la ciudad