A casi seis años de la sanción de la Ley 27.610, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) mantuvo un volumen estable de atenciones en el sistema público de salud

Durante 2025 se registraron 87.603 abortos legales en 20 provincias. La tasa nacional fue de 7,45 interrupciones por cada 1000 mujeres en edad fértil, una cifra similar a la de 2023, cuando había sido de 7,49

La red pública también presentó pocos cambios: pasó de 1862 establecimientos en 2023 a 1846 durante 2025. El 72% de las intervenciones se concentró en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba

Atención temprana y acceso desigual

En 11 jurisdicciones que aportaron información, el 90% de las prácticas se resolvió durante las primeras 12 semanas de gestación. La mayoría de los procedimientos se realizó en centros de atención primaria y mediante tratamientos farmacológicos

El relevamiento reunió respuestas de 16 jurisdicciones y completó los datos de Corrientes, San Juan, San Luis y Tucumán con información nacional. Para obtener una imagen completa del país todavía faltan datos de Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero, además de los abortos realizados en obras sociales y en el sector privado

El análisis sostiene que la cantidad de interrupciones no disminuyó, que la red de establecimientos se mantuvo y que un alto porcentaje de las prácticas se concretó dentro de las primeras 12 semanas. También señala que los proyectos legislativos y las acciones judiciales destinados a restringir o derogar la Ley 27.610 no prosperaron

Menos insumos anticonceptivos

El informe advierte además sobre una fuerte reducción en la provisión nacional de anticonceptivos. La cobertura habría caído un 93%: de 1,2 millones de mujeres protegidas con insumos nacionales en 2024 a una estimación de 63.000 para 2026

Entre ambos años, esa situación podría traducirse en 840.000 mujeres menos protegidas frente a embarazos no intencionales, 240.000 embarazos no intencionales adicionales, 112.000 abortos evitables, 452 muertes maternas y 2600 muertes neonatales que también podrían haberse evitado

Ante la falta de suministros nacionales, 13 provincias sostuvieron la provisión con recursos propios. Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Fe compraron misoprostol. Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Misiones adquirieron tratamientos combinados de mifepristona y misoprostol. Jujuy y Mendoza incorporaron aspiradores y cánulas para la aspiración manual endouterina

En materia de accesibilidad, nueve de las 16 provincias informantes indicaron que cumplen con la provisión dentro del plazo de diez días. Seis cuentan con una línea telefónica gratuita, WhatsApp o correo electrónico para brindar información sobre IVE/ILE

Las consultas relacionadas con la interrupción del embarazo representaron el 94% de las llamadas recibidas durante 2025 por el 0800-SaludSexual. La mayoría estuvo vinculada con obstáculos para acceder a los servicios. Además, todavía no hay cifras actualizadas sobre mortalidad materna, uno de los principales indicadores para evaluar el acceso a interrupciones seguras

La situación judicial de la Ley 27.610

La Ley 27.610 continúa vigente y no tuvo modificaciones. Desde su promulgación se presentaron 38 demandas en su contra: 35 fueron rechazadas y tres permanecen sin medidas cautelares ante la Corte Suprema

En la mayoría de los casos, los tribunales ratificaron la constitucionalidad de la norma y rechazaron los intentos de revertirla. En el Congreso, el 84% de las iniciativas legislativas vinculadas con el aborto buscó proteger o ampliar derechos. Los proyectos orientados a limitar la aplicación de la ley no obtuvieron dictamen de comisión

La discusión política y normativa también incluyó otros temas relacionados con la agenda de género, como las denuncias falsas y la educación sexual integral