Los estados de Estados Unidos han aprobado decenas de normas para intentar proteger a niños y adolescentes en las redes sociales, pero la fórmula más repetida, basada en verificar la edad y exigir consentimiento parental, es también la que cuenta con menos respaldo científico sobre su efectividad
Así lo sostiene un estudio de la Universidad George Mason publicado en el Journal of Policy Practice and Research, que analizó el creciente mapa de leyes estatales sobre redes sociales y salud mental juvenil
Un mapa legal fragmentado
La investigación revisó 16 leyes aprobadas en 10 estados, todas extraídas de congress.gov en noviembre de 2024. De ese total, solo seis estaban en aplicación al momento del análisis; el resto enfrentaba bloqueos judiciales, en varios casos por chocar con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense
El trabajo, encabezado por Melissa L. Villodas junto con Natalia Acevedo, Michael Wheeler, Fadi Hamati e Ishita Kapur, organizó las normas en tres grandes grupos: control de acceso, reducción de exposición y alfabetización mediática
La medida más popular no es la más sólida
El bloque más numeroso es el de control de acceso, que incluye el consentimiento parental para abrir cuentas, la verificación de edad, las limitaciones al uso de internet en escuelas y el fallido intento de Montana de prohibir TikTok, frenado por la Justicia
Pese a su extensión, este enfoque es el que muestra la evidencia más débil. El estudio cita investigaciones en Australia del Sur y en Inglaterra que no encontraron diferencias estadísticamente significativas en la salud mental de los adolescentes entre escuelas con restricciones de teléfonos y escuelas sin ellas
“Muchos estados se han centrado en medidas como el consentimiento paterno y la verificación de edad, pero la evidencia sobre la eficacia de estas estrategias aún es limitada”, señaló Villodas
Más respaldo para limitar daños, menos para educar
Las políticas orientadas a reducir la exposición a contenidos potencialmente dañinos cuentan con un sustento algo más consistente, aunque todavía mixto. Entre ellas figuran las restricciones a la publicidad dirigida a menores, las limitaciones a funciones de diseño que fomentan el uso compulsivo y las herramientas de control parental
El estudio advierte que los algoritmos pueden amplificar contenidos extremos y asociarse con mayores riesgos de trastornos alimentarios, mala imagen corporal y conductas suicidas. En siete de las 16 leyes revisadas aparece además el concepto de “prácticas de diseño”, que prohíbe funciones que la empresa sabe, o debería saber, que generan adicción en menores
La categoría menos frecuente es la alfabetización mediática. Solo una ley, aprobada en Florida, exige enseñar en las escuelas de los grados 6 a 12 los efectos sociales, emocionales y físicos del uso de redes sociales, incluyendo adicción, desinformación, ciberacoso y seguridad en línea
Según el estudio, esta vía reúne algunas de las señales más prometedoras, con trabajos previos que observan mejoras en síntomas depresivos y conductas alimentarias. Sin embargo, la norma de Florida no obliga a incluir los aspectos positivos de estas plataformas, como el sentido de comunidad o el compromiso cívico, lo que podría limitar su alcance
Un debate legal y político abierto
Los autores también señalan que muchas leyes dependen de definiciones subjetivas sobre qué se considera dañino, lo que las expone a controversias políticas y judiciales. Normas de Utah, California y Arkansas ya fueron bloqueadas por tribunales al entender que vulneraban la libertad de expresión
El panorama internacional refuerza la discusión: el Reino Unido aplica un código de diseño apropiado para la edad, la Unión Europea se rige por su reglamento de protección de datos y Australia aprobó una prohibición total de redes sociales para menores de 16 años
En Estados Unidos, el único movimiento federal de alcance nacional fue la prohibición temporal de TikTok en 2025. A nivel estatal, Nueva Jersey aprobó en agosto de 2026 un paquete de tres leyes con un centro de investigación sobre redes sociales, límites a la publicidad dirigida a menores y nuevas protecciones de privacidad, que entrarán en vigor en septiembre de 2027
“La mayoría de las investigaciones sobre este tema se han centrado directamente en cómo las redes sociales afectan la salud mental de los jóvenes”, afirmó Villodas. “Queríamos comprender qué están haciendo realmente los gobiernos estatales al respecto, si esos enfoques están respaldados por la evidencia existente y dónde se necesita investigación adicional”