La apertura de ofertas para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), prevista inicialmente para este jueves a las 10, fue reprogramada para el 15 de septiembre. La decisión respondió a pedidos de prórroga presentados por las empresas que participan del proceso
El esquema licitatorio contempla la venta y transferencia del 90% de las acciones que hoy posee el Estado nacional. El 10% restante seguirá en manos de los trabajadores, bajo el programa de Propiedad Participada
Se trata de uno de los procesos de privatización más relevantes impulsados por el Gobierno y también de los más exigentes en términos técnicos y financieros. El pliego no estableció precio mínimo ni base pública para la operación
Una licitación con varios nombres en carrera
Entre los grupos que miran la operación aparecen jugadores locales y operadores internacionales. El requisito central para el operador técnico es acreditar experiencia en servicios públicos de agua potable y desagües cloacales
Por eso, algunos interesados locales buscaron socios del exterior para avanzar con una propuesta conjunta. En ese grupo se ubican el Grupo Roggio y Mauricio Filiberti
Roggio opera Aguas Cordobesas y tiene presencia en infraestructura hídrica con obras como los acueductos Gran Tulúm y San Javier, además de la planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada. También participa en transporte ferroviario y subterráneo
Filiberti es dueño de Transclor, proveedor de cloro para AySA, y socio en Edenor junto con Daniel Vila y José Luis Manzano
Entre los interesados del exterior aparecen Sabesp, la mayor compañía de agua y saneamiento de América Latina, y Águas do Rio, operada por Aegea Saneamento en Río de Janeiro. Ambas evaluaron presentarse con socios locales
También se mencionó a Aguas Andinas, controlada por Aguas de Barcelona, del grupo Veolia. Sin embargo, fuentes vinculadas al proceso señalaron que finalmente no habría oferta de esa firma ni de la multinacional francesa
En las rondas de consulta también participaron la constructora JCR y la estatal israelí Mekorot, aunque en el sector se interpreta que esta última no competiría como oferente real
Plazos, control y metas de inversión
La concesión tendrá una duración de 30 años, con posibilidad de extenderse por otros 10. Cada cinco años, la empresa deberá presentar un plan de acción con obras, mantenimiento y expansión del servicio
Las revisiones tarifarias también serán quinquenales. El cumplimiento de los objetivos quedará bajo la órbita del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), con auditorías independientes y multas por incumplimientos
El plan de inversiones prevé USD 1.940 millones en el primer quinquenio y USD 2.030 millones en el segundo, para un total de USD 15.040 millones durante toda la concesión
Entre las metas de los primeros diez años figuran subir la cobertura de agua potable del 75,3% al 78,9% y la de cloacas del 63,9% al 65,3%. También se prevé instalar 100.000 medidores por año y renovar 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas por ciclo
Otro punto central del nuevo marco es que la concesionaria deberá sostener el equilibrio económico-financiero sin subsidios del Tesoro. La empresa sostiene que desde 2024 cubre sus costos operativos con tarifas y que ese esquema pasará a ser permanente
AySA remarcó además que el nuevo contrato se apoya en el cumplimiento de metas, el equilibrio financiero y un esquema de controles, revisiones y sanciones
La lógica del programa privatizador
La privatización de AySA forma parte del programa de desinversión estatal que el Gobierno viene ejecutando desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con respaldo de la Ley de Bases y del DNU 70/2023
En esa secuencia ya se concretaron operaciones sobre IMPSA, centrales hidroeléctricas del Comahue, Citelec-Transener y la Hidrovía Paraná-Paraguay. También avanzaron concesiones viales, mientras que otros procesos, como Intercargo y Belgrano Cargas, sumaron demoras
Para el Ejecutivo, el conjunto de privatizaciones y concesiones podría aportar entre USD 2.000 millones y USD 3.000 millones antes de fin de año