El litigio por la reestatización de YPF, iniciado hace más de una década en Estados Unidos, sumó una nueva instancia judicial. Burford Capital presentó ante la Corte Suprema estadounidense un pedido formal para revisar el fallo adverso a los demandantes
El fondo actúa en representación de los derechos de Grupo Petersen y de Eton Park. La presentación se concretó el último día del plazo establecido por la Justicia norteamericana y fue confirmada por el Gobierno argentino
El recurso, denominado writ of certiorari en la jurisprudencia estadounidense, busca revertir la decisión adoptada en marzo. En esa resolución se dejó sin efecto la sentencia original de la jueza Loretta Preska y se evitó que la Argentina afrontara una compensación superior a US$16.000 millones
La Corte decidirá si toma el caso
La presentación no implica que la Corte Suprema vaya a revisar el expediente. El máximo tribunal tiene la facultad de seleccionar qué apelaciones analiza y cuáles rechaza
Los antecedentes estadísticos resultan desfavorables para Burford: durante cada período de sesiones se reciben entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión, pero se aceptan no más de 80
Tampoco existe un plazo procesal determinado para que los jueces resuelvan si aceptan o descartan la solicitud. Si bien hay tiempos estimados según el funcionamiento habitual del tribunal, la particularidad del caso YPF podría modificar esas previsiones
Una vía paralela ante el Ciadi
Mientras espera una definición en Estados Unidos, Burford activó una estrategia alternativa. El fondo notificó al Estado argentino que llevará el conflicto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)
La medida se apoya en el tratado bilateral de inversiones firmado por la Argentina y España en 1991. El reclamo será tratado por el tribunal arbitral del Banco Mundial, donde la Argentina registra antecedentes desfavorables: el 85% de las demandas mencionadas terminaron con fallos en contra, entre ellas la vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas
Los demandantes también podrán utilizar información reunida durante el proceso en los tribunales estadounidenses. Meses atrás, Preska rechazó los planteos argentinos para preservar la confidencialidad de las pruebas y autorizó a los fondos a reutilizar los datos obtenidos durante la investigación
La constitución del tribunal arbitral del Ciadi puede demandar hasta 90 días. Luego, el proceso podría extenderse entre cinco y diez años, tendrá carácter confidencial y comenzará desde cero