La crisis vial argentina sumó en los últimos meses una seguidilla de sentencias que exigen reparaciones urgentes sobre rutas nacionales. Sin embargo, el impacto concreto de esas decisiones todavía parece limitado frente al deterioro acumulado, la parálisis de obras y la falta de una política sostenida para el sector

El caso más reciente se conoció en Venado Tuerto, donde un juez federal ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad reparar de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López, en el sur de Santa Fe. La acción había sido presentada en marzo de 2025 y el fallo llegó 17 meses después

Fallos en cadena, resultados inciertos

Esa resolución no fue aislada. En al menos cuatro provincias hubo medidas similares durante 14 meses

En Santa Fe, otro tribunal ordenó reparar más de 110 kilómetros de la ruta 11, con señalización de emergencia en tres días y obras mínimas en tres meses. En Formosa, se dieron 90 días para bachear, sellar grietas y limpiar banquinas en las rutas 11, 81, 86 y 95

En Salta, se dispuso intervenir 198 kilómetros de la ruta 34. Más tarde, en Rafaela, se hizo lugar a una cautelar sobre otros 50 kilómetros de esa misma traza

Y en Mar del Plata se fijaron plazos para presentar un plan y reparar la ruta 3 entre Azul y Cacharí, tras una serie de accidentes

El problema no termina en el mandato judicial. En varios casos, el Estado apela, gana tiempo o responde con argumentos administrativos. A eso se suma la existencia de concesiones recientes, como ocurrió con los tramos 7, 8 y 33, entregados por 20 años a fines de julio de 2026. En ese escenario, la orden judicial puede chocar con contratos vigentes y cronogramas de obra ya aprobados

Fondos disponibles, obras demoradas

El contraste más fuerte aparece en el financiamiento. El Sisvial recaudó $1,5 billones entre enero de 2024 y mayo de 2026, pero destinó solo $394.406 millones a obras viales. La subejecución acumulada supera el 73%, y más de $1 billón quedó colocado en plazos fijos y títulos públicos

Con ese cuadro, las sentencias terminan siendo más declarativas que operativas. Los jueces pueden ordenar, intimar y fijar plazos, pero no administran partidas ni ejecutan obras

Del otro lado, Vialidad dispone de varias defensas: falta de recursos inmediatos, prioridades técnicas, concesiones en marcha y los tiempos propios de cualquier proceso constructivo. Todo eso convierte cada reparación en una disputa judicial, política y administrativa que se prolonga mientras las rutas siguen deteriorándose