La decisión de frenar la reforma de la ley de Tierras vuelve a instalar una discusión de fondo: en un país con gran parte de su territorio en condiciones áridas o semiáridas, limitar la llegada de capital extranjero puede terminar jugando en contra del desarrollo agroindustrial

La puesta en valor de millones de hectáreas en regiones como la Patagonia, Cuyo, el NOA o el oeste requiere infraestructura, tecnología y recursos de largo plazo. Equipos de riego, recuperación de suelos y otras inversiones son parte de ese proceso, algo que no siempre puede resolverse solo con capital local

Una restricción que ya mostró sus límites

El debate sobre la tierra extranjera no es nuevo. Cuando se impulsó la ley hace años, se instaló la idea de que una porción enorme del país estaba en manos de empresas de otros países. Después, la reglamentación mostró que el promedio nacional de propiedad extranjera estaba lejos de ese escenario y no superaba el 5%, por debajo del límite legal fijado en 15%

También hubo advertencias sobre supuestas amenazas a la soberanía que no se tradujeron en los resultados prometidos. En paralelo, la presión regulatoria y tributaria, sumada a otras restricciones económicas, empujó hacia abajo el valor de la tierra y afectó los incentivos para invertir

El tablero regional y la competencia global

El problema no se limita al mercado interno. En el sector forestal, por ejemplo, la Argentina quedó rezagada frente a Uruguay, Brasil y Chile en producción, exportaciones y superficie plantada. La experiencia de Botnia dejó una lección incómoda: el rechazo político no siempre protege el empleo local, y muchas veces termina beneficiando a otros países

Al mismo tiempo, el escenario internacional cambió. Existen empresas europeas que buscan alternativas para producir y exportar desde países con reglas menos exigentes que las que impone Bruselas. Eso abre una ventana para atraer inversiones, en lugar de cerrarla con más trabas

Hay además un dato que suele omitirse: capitales argentinos también compran tierras fuera del país. Si otros mercados aceptan esas operaciones sin escándalo, la discusión local debería enfocarse en cómo sumar inversión, generar empleo y aumentar productividad, no en levantar nuevas barreras por reflejo ideológico

En un contexto así, las restricciones adicionales corren el riesgo de consolidar un esquema cerrado, con menos competencia y más discrecionalidad. Para un país que necesita crecer, el costo puede ser demasiado alto