El 19 de octubre, una coalición integrada por 22 fiscales generales de Estados Unidos presentó ante una corte federal de apelaciones un escrito para cuestionar las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vinculadas con las detenciones de inmigrantes sin orden judicial
La presentación respalda la demanda Escobar-Molina contra DHS, que analiza la política y los procedimientos utilizados para realizar detenciones civiles por motivos migratorios en Washington D. C
Los requisitos que plantea la coalición
Según los fiscales generales, la legislación federal exige que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cumplan dos condiciones para detener a una persona sin una orden judicial
- Contar con causa probable para considerar que la persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
- Tener motivos fundados para creer que podría escapar antes de que las autoridades obtengan la autorización correspondiente.
Críticas a las políticas migratorias
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, cuestionó las actuaciones de las autoridades federales. Afirmó que esas prácticas generan temor y desconfianza entre las comunidades inmigrantes y afectan su relación con las instituciones
Raoul también sostuvo que continuará junto con los demás integrantes de la coalición para defender los derechos de los inmigrantes y cuestionar las acciones del Gobierno federal que, según expresó, alteran la vida de las comunidades
Impacto señalado en las comunidades
El escrito presentado ante la Justicia atribuye a los procedimientos cuestionados consecuencias en distintos ámbitos
- Educación: algunos estudiantes dejaron de asistir a clases.
- Trabajo agrícola: las operaciones interrumpieron actividades del sector.
- Salud pública: el temor a los operativos desalentó la búsqueda de atención médica.
- Economía familiar: las medidas comprometieron la estabilidad financiera de algunos hogares.
- Seguridad comunitaria: los procedimientos debilitaron los vínculos entre la población inmigrante y las fuerzas policiales locales.
El antecedente judicial
El caso ya había tenido una resolución en diciembre de 2025. En ese momento, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar preliminar
La nueva presentación fue realizada ante una corte de apelaciones y busca respaldar los argumentos contra las políticas y prácticas del organismo federal
Los estados y jurisdicciones participantes
Además de Illinois, el escrito cuenta con la participación de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington