El anuncio de derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) desató una nueva controversia entre el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y el Ministerio de Agricultura

La instrucción fue dirigida al ministro designado de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, con el pedido de iniciar el trámite para revocar las resoluciones que dieron origen a esas zonas de protección. La nueva administración sostiene que revisará esos actos administrativos por sus efectos sobre la producción, la inversión y las comunidades rurales

La respuesta del Ministerio

La cartera rechazó la propuesta y defendió las Appa como una figura creada para resguardar el suelo rural agropecuario y asegurar la producción de alimentos en el país

Según el ministerio, durante el actual gobierno ya se han declarado cerca de un millón de hectáreas en 55 municipios como Appa, con el propósito de reconocer ese suelo como un patrimonio estratégico y orientar el ordenamiento territorial a su protección

Riesgos advertidos

La entidad sostuvo que una eventual derogatoria significaría un retroceso en la protección del derecho a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado y desconocer el principio de no regresividad

También advirtió que la medida podría agravar el deterioro de los suelos. Con base en datos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y del Ideam, señaló que más de 20 millones de hectáreas presentan procesos severos de degradación física, química o biológica

De acuerdo con la cartera, los suelos agrícolas del 60% de los municipios del país tienen algún nivel de afectación, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria por la pérdida de la capa orgánica y el cambio en el uso del suelo

Marco legal y defensa técnica

El ministerio insistió en que la protección del suelo no depende de la voluntad del gobierno de turno, sino de un mandato legal vigente desde hace décadas. Recordó que el Decreto Ley 2811 de 1974 ordenó conservar la integridad y la capacidad productiva de los suelos, y que la Ley 388 de 1997 estableció la delimitación y protección de las áreas destinadas a la producción agropecuaria dentro del ordenamiento territorial

Asimismo, negó que las Appa funcionen como mecanismos de expropiación o como imposición de cultivos. Señaló que en esas zonas no se prohíben actividades económicas ni obras de infraestructura, y que tampoco se vulnera la autonomía territorial

La entidad agregó que cada declaratoria se apoya en estudios técnicos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, con metodologías objetivas y criterios técnicos, y que el proceso incluye publicidad, participación ciudadana y transparencia