Los abogados de la congresista Joyce Beatty calificaron de infundada y excesiva la advertencia del Departamento de Justicia sobre una posible demolición del Kennedy Center. Según la defensa, esa advertencia funciona como una presión para destrabar un plan de renovación que incluye referencias a Donald Trump en la fachada del recinto

La disputa creció después de que la junta del centro, designada por el presidente, aprobara la inscripción “Renovado y Restaurado por el Presidente Donald J. Trump” y el nuevo nombre de la zona aledaña como Plaza Presidente Donald J. Trump

La advertencia oficial sobre el edificio

En su presentación judicial, el Departamento de Justicia describió al complejo como una estructura insegura y deteriorada. El abogado Brantley Mayers, de la División Civil, sostuvo que sin las reformas previstas el edificio quedaría expuesto a un daño irreversible

El escrito plantea que, si los tribunales bloquean las obras, la única salida a futuro sería desmontar por completo el complejo. También sugiere alternativas más baratas, entre ellas un anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac

La pelea por la autoridad de decidir

Beatty, legisladora demócrata por Ohio, impulsa una demanda para frenar el proyecto. Su equipo afirma que la junta directiva no tiene potestad para cambiar nombres ni incorporar menciones personales en un edificio público, porque esa facultad corresponde al Congreso

Del otro lado, la administración de Trump defiende la obra como una necesidad urgente. El Departamento de Justicia sostiene que la restauración es indispensable para evitar una degradación estructural más grave

La junta, alineada con el mandatario, insiste en que el plan es la única forma de preservar el recinto

El frente judicial sigue abierto

Un juez federal ya había dictado una orden que frenó el cambio de nombre y ordenó retirar la referencia al presidente de la fachada. El gobierno apeló esa resolución, por lo que el caso sigue en disputa mientras se acerca una nueva audiencia

La parte demandante considera que la estrategia oficial excede las atribuciones de una agencia estatal. Los abogados de Beatty reiteran que cualquier modificación de ese tipo requiere un proceso legislativo previo

Fondos, donantes y presión política

La Casa Blanca asegura que consiguió 258 millones de dólares del Congreso para la rehabilitación del centro. Sin embargo, el Departamento de Justicia sostiene que el aporte privado sigue siendo clave para completar el proyecto

Según esa postura, los donantes condicionan su ayuda a que el nombre de Trump quede asociado públicamente al edificio. El gobierno advierte que, si se impide ese reconocimiento, podría perderse ese respaldo financiero y quedar comprometida la estabilidad del complejo

Qué definirá el tribunal

El juez federal Christopher Coper fijó una audiencia para el jueves a las 14. Allí evaluará una moción de emergencia presentada por Beatty, que busca una medida para impedir de manera definitiva la colocación del nombre de Trump en el centro de artes

Mientras tanto, ambas partes mantienen posiciones firmes: la defensa de Beatty insiste en la ilegalidad de la decisión de la junta, y el gobierno sostiene que el futuro del edificio depende de ejecutar el plan de obras tal como fue concebido