Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y candidato republicano a la gobernación de Nueva York, confirmó que cumplirá la ley estatal que prohíbe ciertos acuerdos de cooperación entre las fuerzas locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Al mismo tiempo, señaló que Nassau dio por terminado su convenio 287(g), aunque se sumará a una demanda para cuestionar la norma y buscar su anulación

El fin del convenio y la ofensiva judicial

Los acuerdos 287(g) permiten que funciones vinculadas al control migratorio sean delegadas a autoridades estatales y locales. Blakeman sostuvo que acatará la exigencia de terminar ese tipo de vínculos, pero no abandonará el frente judicial contra la prohibición

En paralelo, la administración de Donald Trump también impugnó en tribunales la restricción estatal sobre estos acuerdos. Sin embargo, el 3 de agosto un juez federal rechazó el pedido de frenar de manera cautelar esa parte de la ley

La norma, además, limita cambios de zonificación destinados a habilitar la construcción o el uso de edificios como centros de detención migratoria sin participación pública

Hochul endurece la línea migratoria en Nueva York

El martes 25 de agosto, en Albany, la gobernadora Kathy Hochul informó que ya estaba vigente la prohibición de los acuerdos 287(g) en Nueva York. Según detalló, en julio había 12 agencias con esos vínculos y todas recibieron la orden de cancelarlos antes del 25 de agosto

“A partir de hoy, el ICE ya no podrá utilizar a las fuerzas policiales financiadas con recursos locales”, afirmó

La mandataria también impulsó un paquete normativo incluido en el presupuesto estatal del año fiscal 2027 para limitar el accionar federal. Entre otras medidas, prohíbe usar fondos, agencias civiles y recursos de escuelas públicas en tareas de deportación

Ese marco legal veta, además, el ingreso de agentes migratorios sin orden judicial a zonas no públicas de hospitales, escuelas, templos y centros de votación

También habilita a los ciudadanos a presentar demandas contra funcionarios federales en tribunales estatales por violaciones a sus derechos constitucionales, protege el acceso a la educación pública gratuita para todos los estudiantes sin importar su estatus migratorio y bloquea la recolección o divulgación de datos sobre la condición migratoria de los alumnos

Otra disposición de ese paquete prohibía el uso de mascarillas por parte de agentes del orden público durante sus interacciones con el público, con excepciones específicas, pero esa medida quedó suspendida cautelarmente el 3 de agosto mientras sigue el litigio

Trump entra en la campaña

A mediados de agosto, Donald Trump criticó a Hochul durante un acto político en Long Island en el que acompañó a Blakeman. El presidente la señaló como una figura negativa en materia de seguridad y la acusó de haber sido “muy, muy mala” frente al delito

Los republicanos intentan capitalizar el debate sobre seguridad ciudadana para achicar la ventaja de la gobernadora. De acuerdo con sondeos del Instituto de Investigación Siena, Hochul registra 49% de intención de voto, frente al 39% de Blakeman