LA PAZ.- El gobierno de Bolivia decidió eliminar por completo el subsidio al diésel, cuyo valor quedará sujeto a las variaciones del mercado internacional. El anuncio fue realizado por el presidente Rodrigo Paz Pereira después de que el Congreso aprobara un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1900 millones

El acuerdo contempla la reducción de las ayudas estatales a los combustibles y un ajuste del gasto público, con el objetivo de enfrentar el deterioro de la economía boliviana

“Subsidio o futuro”, sostuvo Paz Pereira durante un mensaje televisado, en el que defendió la decisión como una medida necesaria pese a sus costos sociales. Según explicó, el Estado destina unos US$55 millones por semana para sostener los precios de los combustibles, un gasto que calificó de insostenible

El mandatario anunció que las familias con menores ingresos recibirán un bono. También mencionó créditos para vivienda, la posibilidad de reprogramar deudas tributarias y la eliminación de impuestos para importar maquinaria y equipos destinados a gremios e industrias

La gasolina continuará subsidiada hasta finales de este año y dejará de recibir ese beneficio en enero de 2027. Paz Pereira afirmó que los recursos liberados serán destinados a la exploración y producción de hidrocarburos

Una crisis de abastecimiento

El diésel se convirtió en el combustible más escaso del país. Un aumento aplicado a mediados de agosto para los grandes consumidores no logró normalizar la provisión y afectó especialmente a la producción agropecuaria

Los transportistas deben esperar hasta tres días para cargar combustible. Bolivia importa cerca del 85% del diésel que consume y alrededor del 55% de la gasolina, mientras que ambos productos enfrentan problemas de disponibilidad

Las autoridades atribuyen parte de la crisis al contrabando, la corrupción y el mercado negro. Una proporción del combustible vendido con subsidios termina comercializada a precios más altos o trasladada fuera del país

Respaldo legislativo y rechazo sindical

Aunque el presidente no cuenta con una mayoría legislativa estable, el préstamo fue aprobado con el respaldo de sectores de centro y de derecha, que controlan ambas cámaras. El ministro de Economía, Christian Morales, anticipó además la gestión de nuevos créditos por unos US$5000 millones para inversiones, infraestructura y educación

La aprobación del financiamiento ocurrió un día después de que el Legislativo extendiera por 90 días el estado de excepción decretado tras las protestas que paralizaron buena parte del país durante 53 días entre junio y julio. Las movilizaciones exigían la renuncia del mandatario

Las condiciones asociadas al préstamo generaron preocupación entre los sindicatos. La Central Obrera Boliviana y otras organizaciones rechazaron el endeudamiento externo y advirtieron que el ajuste podría impulsar la inflación, que el año pasado terminó en 20%, y deteriorar los ingresos de los hogares

Las organizaciones gremiales todavía no se pronunciaron formalmente sobre la eliminación del subsidio al diésel, pero anticiparon su rechazo a nuevos aumentos y amenazaron con retomar las protestas

El desafío económico de Paz Pereira

El presidente heredó una economía afectada por la caída de la producción de gas natural, la menor generación de divisas, las dificultades para importar bienes, la inflación y el aumento del malestar social

El gobierno sostiene que la subvención representa una fuerte carga para las finanzas públicas y que su eliminación permitirá reforzar las reservas y estabilizar la economía. Para los sectores críticos, en cambio, el ajuste puede profundizar una crisis que Bolivia atraviesa desde hace décadas