Una nueva regla sobre carga pública comenzará a regir el 18 de septiembre y será utilizada por las autoridades migratorias para analizar solicitudes de ajuste de estatus y otros trámites vinculados con la residencia permanente
La actualización incorpora una guía que precisa qué categorías están exentas por disposición legal y cuáles quedarán alcanzadas por el análisis de inadmisibilidad
Los grupos que no entran en el análisis
Entre las personas que no estarán sujetas a esta causal figuran asilados y refugiados, inmigrantes amerasiáticos al momento de su admisión, intérpretes afganos e iraquíes, y ciertos ciudadanos afganos e iraquíes que trabajaron para el gobierno de Estados Unidos o en su nombre
También quedan fuera entrantes cubanos y haitianos que ajustan estatus bajo normas específicas, solicitantes amparados por la Ley de Ajuste Cubano, nicaragüenses y otros centroamericanos en ajuste de estatus, y haitianos protegidos por la ley de 1998 para refugiados haitianos
La lista incluye además beneficiarios del programa Lautenberg, jóvenes inmigrantes especiales, solicitantes de registro, personas con Estatus de Protección Temporal, víctimas de trata, víctimas de ciertos delitos con visa U, autopeticionarios bajo VAWA y otros extranjeros maltratados que califican por ley
También quedan exentos algunos solicitantes que ajustan estatus como cónyuges sobrevivientes, hijos o padres de miembros de las fuerzas armadas, indígenas estadounidenses nacidos en Canadá que no son ciudadanos, ciertos miembros de la Banda de Indios Kickapoo de Texas, ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos bajo una disposición específica, solicitantes de parole polacos y húngaros, ciertos ciudadanos sirios, quienes se ajustan bajo la ley de refugiados de Liberia y algunos funcionarios diplomáticos extranjeros y sus familias
Los casos que sí serán evaluados
En sentido contrario, la causal de carga pública sí se aplicará a cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses; hijos e hijas solteros con sus hijos; cónyuges e hijos de residentes permanentes legales; hijos casados de ciudadanos estadounidenses con sus familias; hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses; y prometidos de ciudadanos estadounidenses
También entran en ese grupo los amerasiáticos bajo cierta categoría de preferencia, viudas y viudos de ciudadanos estadounidenses, trabajadores prioritarios, profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales, trabajadores calificados, inversores, trabajadores religiosos, empleados y exempleados del gobierno estadounidense en el exterior, graduados de medicina extranjera, empleados de organizaciones internacionales, personal militar, trabajadores de emisoras internacionales, diplomáticos que no pueden regresar a sus países, beneficiarios de visas de diversidad, personas que ingresaron antes del 1° de enero de 1982 y testigos o informantes extranjeros
Qué mirarán los কর্মকর্তarios
Para definir si una persona puede ser considerada carga pública, los funcionarios deberán revisar cinco factores: edad, salud, situación familiar, situación financiera, educación y habilidades
Además, podrán ponderar otros elementos relevantes, entre ellos el acceso a determinados beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, como ayuda en efectivo para el ingreso, asistencia para vivienda, cupones de alimentos o apoyo financiero para estudios
Si concluyen que una persona podría convertirse en carga pública, pueden pedir una fianza. Si esa garantía se presenta y es aceptada, la solicitud de ajuste de estatus puede ser aprobada y la persona podrá obtener la residencia permanente legal