El rescate de una niña peruana de 10 años, que iba a ser entregada en matrimonio a un hombre de 50, volvió a poner sobre la mesa una práctica que también golpea a Centroamérica: las uniones tempranas y forzadas. En la región, el problema se mantiene casi intacto desde hace décadas

Datos de UNICEF estiman que 3.9 millones de niñas y mujeres centroamericanas contrajeron matrimonio antes de los 15 años entre 2000 y 2022, una cifra equivalente al 4 % de las mujeres de 20 a 24 años. Además, 16.4 millones se casaron antes de cumplir los 18, lo que representa el 20 % de ese mismo grupo etario

Un problema extendido en toda la región

El fenómeno aparece en todos los países con distintos niveles de incidencia. En El Salvador, hasta 2021, el matrimonio infantil llegó al 20 %. En Costa Rica, con datos hasta 2018, fue del 17 %. Honduras registró 34 % hasta 2019, Nicaragua 35 % con cifras de 2012, Panamá 26 % con datos de 2013 y Guatemala 30 % con registros de 2015

En números absolutos, Guatemala aparece entre los países más afectados: 565,300 niñas y mujeres se casaron antes de los 15 años y 2.1 millones antes de los 18

Adolescencia interrumpida en Guatemala

Un estudio global de Plan International realizado en 2025 muestra que, en Guatemala, 63 % de las adolescentes sometidas a uniones forzadas no estudia ni trabaja. El informe también indica que 45 % de ellas se unió con hombres cinco años o más mayores y que apenas 35 % o 36 % seguía escolarizada al momento de la unión

La mayoría abandona la escuela después de asumir tareas domésticas. Además, 13 % reportó haber vivido algún tipo de violencia dentro de la relación. La organización advierte que el retiro temprano del sistema educativo reduce la protección y las opciones de desarrollo para las menores

El estudio también advierte que algunas adolescentes quedan expuestas a embarazos y partos en condiciones de alto riesgo. En escenarios extremos, la falta de autorización del esposo para acudir a un hospital puede retrasar la atención médica

Raíces culturales y control familiar

Entre las causas que sostienen estas prácticas figuran esquemas de crianza tradicionales y cargas domésticas asignadas desde edades tempranas. En zonas rurales, muchas niñas asumen el cuidado de hermanos menores desde los 7 u 8 años, lo que consolida roles de dependencia y responsabilidad prematura

También pesan las presiones vinculadas al honor familiar. Un noviazgo o un simple contacto entre adolescentes puede derivar en una unión impuesta, sin tomar en cuenta la voluntad de la menor ni la diferencia de edad entre ambas personas

A ello se suma la falta de campañas de información. La prohibición legal existe, pero todavía no está suficientemente socializada en escuelas, hogares e instituciones, lo que favorece que estas prácticas continúen en silencio

Zonas de mayor riesgo y brechas educativas

Según datos del Observatorio de Salud Reproductiva, las adolescentes más afectadas por embarazos vinculados a uniones forzadas tienen entre 15 y 18 años. Al cierre de julio de 2026 ya se habían reportado más de 30,000 embarazos en adolescentes

Las mayores concentraciones se ubican en Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango y Guatemala. Estas zonas coinciden con altos niveles de pobreza, desnutrición y violencia

Las brechas en educación agravan el panorama. En algunos territorios, apenas entre 5 % y 10 % de las adolescentes accede a la secundaria, frente a un promedio nacional de 50 %. En bachillerato, el acceso se ubica entre 25 % y 30 %

Ley vigente, pero casos ocultos

Desde la reforma del Código Civil en 2017, Guatemala prohíbe por completo el matrimonio y las uniones con menores de edad. Antes de ese cambio, los jueces podían autorizar excepciones

Pese a la prohibición, las uniones informales o forzadas siguen ocurriendo. No existe un registro oficial actualizado porque se trata de prácticas ilegales y, por lo general, no son denunciadas

Entre 2015 y 2017, el Registro Nacional de las Personas reportó 3,400 matrimonios de niñas menores de edad. Un estudio de UNICEF de 2017 ya advertía que 30 % de las mujeres se había casado o unido antes de los 18 años

La denuncia sigue siendo el principal punto débil. Experiencias comunitarias de Plan International indican que más de la mitad de los casos no se reportan. El desconocimiento, la dependencia económica y las relaciones de poder dentro del hogar dificultan que las víctimas o sus familias busquen ayuda

Prevención y acompañamiento

En comunidades con redes de protección activas, integradas por docentes y líderes locales, aumentan las denuncias y mejora el seguimiento institucional. Sin embargo, la mayoría de los casos sigue en la clandestinidad

La organización trabaja con autoridades, comunidades, escuelas y familias en talleres, promoción educativa y acciones para retrasar el inicio de relaciones sexuales y ampliar el acceso a secundaria y bachillerato. También impulsa metodologías de crianza igualitaria y prevención de violencia sexual, que en más del 90 % de los casos ocurre dentro del entorno familiar o cercano

La recomendación para denunciar es acudir a servicios estatales y municipales, como la Oficina Municipal de la Mujer, para recibir acompañamiento y canalizar cada caso ante las autoridades competentes

Las cifras muestran un patrón compartido en Centroamérica: el matrimonio infantil y las uniones tempranas siguen limitando la vida de miles de niñas y adolescentes, con impactos duraderos en su educación, salud y autonomía