El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva para reforzar los controles sobre las compras municipales de armas de fuego, accesorios y municiones
La medida busca elevar los requisitos para los proveedores y evitar que fondos públicos terminen beneficiando a empresas vinculadas con prácticas que faciliten el tráfico ilegal
Un filtro más estricto para contratar
La Orden Ejecutiva 2026-04 amplía los estándares que ya regían para estas adquisiciones y da un plazo de 90 días para que el Department of Procurement Services, junto con el Chicago Police Department, la Office of Public Safety Administration y el Department of Law, defina e implemente los nuevos criterios
Desde entonces, cualquier empresa interesada en venderle a la ciudad deberá cumplir esas condiciones para participar en licitaciones
Qué deberá presentar cada proveedor
Entre los requisitos figuran licencias, permisos y certificaciones vigentes a nivel federal, estatal y local; informes de inspecciones regulatorias de los últimos cinco años; y detalles sobre infracciones detectadas y correcciones aplicadas
También deberán informar sus políticas internas para prevenir el tráfico ilegal de armas, las compras a través de terceros, las transferencias ilícitas y el robo de armamento y municiones
Además, tendrán que aportar datos sobre armas vendidas por la empresa que hayan sido recuperadas después en investigaciones criminales, cuando esa información esté disponible, y certificar el cumplimiento de todas las leyes aplicables sobre fabricación, venta, transferencia y distribución
Más allá del papel
La orden no se limita a revisar documentación. También habilita a las autoridades municipales a evaluar las medidas de seguridad de las compañías antes de adjudicar o renovar contratos
Entre los factores que podrán analizarse están la capacitación del personal, los sistemas para prevenir robos, la cooperación con investigaciones sobre armas usadas en delitos y otras prácticas comerciales vinculadas con la seguridad pública
El texto además prevé controles periódicos sobre contratistas y subcontratistas, con pedidos de información adicional y revisión de infracciones registradas
Johnson defendió la decisión al sostener que la ciudad debe usar su poder de compra para impulsar prácticas responsables y proteger a los barrios. En su mensaje, volvió a señalar que una minoría de vendedores concentra la mayor parte de las armas recuperadas en delitos
La orden también aclara que Chicago no estará obligada a firmar, renovar o extender contratos con empresas que representen un riesgo importante de incumplimiento, conducta ilegal o prácticas incompatibles con la nueva política