La Asamblea Legislativa de Costa Rica analiza un proyecto de ley que busca sancionar con penas de entre dos y cinco años de prisión la manipulación de competiciones deportivas
La iniciativa, impulsada por la Federación Costarricense de Fútbol y apoyada por todos los partidos con representación parlamentaria, incorporaría al Código Penal el amaño de partidos y otras conductas relacionadas
Un cierre a los vacíos legales
La federación sostiene que el país necesita herramientas jurídicas más sólidas para prevenir y perseguir delitos asociados al deporte, en especial la alteración fraudulenta de resultados
El proyecto alcanzaría a cualquier persona que, de forma directa o indirecta, prometa, ofrezca, entregue, solicite, acepte o reciba dinero, dádivas, beneficios u otras ventajas con el fin de modificar el desarrollo, el resultado o cualquier incidencia de una competencia
Alcance amplio sobre la competencia deportiva
La propuesta no se limita al marcador final. También abarcaría hechos puntuales dentro de un partido o prueba, como tarjetas, penaltis o goles
Además, se aplicaría a torneos profesionales y amateurs, oficiales o no oficiales, nacionales o internacionales, siempre que se disputen en territorio costarricense
El texto también prevé sanciones para quienes intenten influir de forma fraudulenta en deportistas, equipos, árbitros, jueces, entrenadores, dirigentes u otros oficiales vinculados a la competición
Sanciones penales y disciplina deportiva
La norma establece que las penas penales serán independientes de las medidas administrativas o disciplinarias que puedan imponer las autoridades deportivas
Así, una misma persona podría afrontar un proceso judicial y, al mismo tiempo, una investigación interna en el ámbito deportivo
El riesgo de las redes ilegales
La Federación Costarricense de Fútbol advirtió que la manipulación de resultados abre la puerta a apuestas ilegales, corrupción y delincuencia organizada
La iniciativa cuenta con respaldo unánime en el Congreso y, por ahora, no registra objeciones públicas, lo que abre la puerta a una tramitación rápida
El debate se suma a una tendencia regional en la que varios países buscan reforzar sus leyes para blindar la transparencia y la credibilidad de sus competiciones