La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró en San Rafael de Alajuela el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), una prisión de máxima seguridad diseñada para endurecer la respuesta estatal frente al narcotráfico y el crimen organizado

El complejo se encuentra a unos 17 kilómetros al noroeste de San José. Su construcción comenzó en enero y demandó una inversión cercana a los US$33 millones. La instalación tendrá capacidad para hasta 5100 prisioneros, equivalentes al 20% de la población carcelaria actual del país

El funcionamiento del CACCO estará marcado por fuertes restricciones. Los internos tendrán una hora de sol al día, no podrán conservar objetos personales, usarán uniformes naranjas y contarán con un régimen limitado de visitas. Las autoridades sostienen que el diseño busca garantizar el aislamiento de los detenidos

Una respuesta al aumento de la violencia

Fernández presentó la cárcel como el inicio de una nueva etapa en la política de seguridad penitenciaria y vinculó su modelo con las medidas impulsadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La construcción contó con cooperación técnica de El Salvador

Los primeros traslados están previstos para finales de octubre. Sin embargo, la utilidad de la nueva prisión dependerá de que el Poder Judicial emita más condenas y órdenes de encarcelamiento, en medio de una disputa entre el oficialismo y jueces y fiscales

En los últimos cinco años, el sistema judicial envió a más de 5000 personas a prisión. Ese aumento contribuyó a que el hacinamiento carcelario alcanzara el 59%, mientras las autoridades atribuyen la mayoría de los homicidios a disputas entre bandas por rutas y mercados de drogas

Críticas por el impacto institucional

El modelo también generó cuestionamientos de opositores y activistas, que advierten sobre el riesgo de abandonar la tradición costarricense de respeto a los derechos humanos. Las críticas se relacionan con las denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso, muertes bajo custodia y concentración de poder asociadas al esquema salvadoreño

Fernández afirmó que su gobierno respetará los derechos humanos y anunció que viajará a El Salvador para conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Además, comunicó que Costa Rica adherirá a la designación estadounidense de varias organizaciones criminales como grupos terroristas, entre ellas los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Noreste, junto con disidencias de las FARC y el ELN

La mandataria asumió el cargo en mayo. También ha respaldado una eventual presencia terrestre de fuerzas estadounidenses en Costa Rica, aunque la cooperación vigente de Washington se concentra en investigaciones conjuntas, patrullajes marítimos y extradiciones