ALAJUELA, Costa Rica.- El gobierno de Laura Fernández avanza con la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), una prisión de máxima seguridad levantada en la provincia de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de San José
El complejo, pensado para alojar a reclusos de alta peligrosidad, forma parte de la estrategia oficial para cortar operaciones criminales que, según las autoridades, se coordinan desde las cárceles. Las imágenes difundidas en julio muestran celdas, pasillos, áreas sanitarias y sistemas de seguridad todavía en desarrollo
Una apuesta por el endurecimiento
Fernández defendió la obra durante la campaña y, tras ganar las elecciones, sostuvo que el país no debía seguir ofreciendo "techo, comida y protección" a personas que continúan dirigiendo bandas desde prisión. También dijo haber conversado con Nayib Bukele, quien manifestó su disposición a colaborar en seguridad y en el proyecto penitenciario
En el inicio de las obras, en enero, Bukele estuvo presente y aseguró que Costa Rica tenía la posibilidad de actuar antes de llegar a una crisis similar a la vivida por El Salvador años atrás. El 19 de agosto, al cumplir 100 días de gobierno, Fernández reiteró que la seguridad nacional sigue siendo la principal preocupación de la población y que su administración le dio prioridad absoluta
Capacidad y controversia
La cárcel está construida en un 89% y tendrá capacidad para 5000 internos, equivalentes al 25% de la población carcelaria del país. Para el Ejecutivo, se trata de una respuesta a la expansión del narcotráfico y a la violencia asociada al crimen organizado
La estrategia, sin embargo, abrió un fuerte debate. Especialistas en derechos humanos cuestionan que el modelo se apoye en la lógica de la "espectacularidad" atribuida al esquema salvadoreño y sostienen que Costa Rica enfrenta un escenario distinto, sin la presencia dominante de pandillas como las Maras
También criticaron la exposición pública de algunos detenidos en operativos recientes, al considerar que puede ser humillante y carecer de utilidad real para la seguridad
Un país que cambia de rumbo
Fernández, de 39 años, ganó la presidencia con más del 48% de los votos y se presenta como heredera política de Rodrigo Chaves, también admirador de Bukele y cuestionado por la oposición por un supuesto giro autoritario
Su programa incluyó reformas profundas al sistema judicial y a las leyes de seguridad para enfrentar la violencia del narcotráfico, que se ha extendido en el país. La presidenta busca dejar atrás el modelo surgido tras la guerra civil de 1948, que abolió el ejército y dio forma al Estado de bienestar costarricense
Durante los cuatro años de mandato de Chaves, la tasa de homicidios alcanzó niveles récord. Expertos en narcotráfico y autoridades estadounidenses atribuyen parte del problema a que Costa Rica se convirtió en un punto estratégico para el envío de cocaína sudamericana hacia Estados Unidos y Europa
Mientras tanto, la reacción social sigue dividida: una parte de la ciudadanía apoya medidas más severas contra el delito, y otra duda de que el endurecimiento penitenciario alcance para frenar la criminalidad