La Defensoría del Pueblo emitió este domingo una alerta temprana por el riesgo que enfrentan Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo, en el centro del Atlántico, ante la disputa entre estructuras armadas ilegales por el control de un corredor estratégico

Un corredor disputado por rentas ilícitas

Según la entidad, la alerta temprana 019-2026 busca advertir sobre posibles vulneraciones a los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad humana en estos municipios. El riesgo se relaciona con la pugna territorial y el control de rentas ilícitas en una zona que conecta el área metropolitana de Barranquilla con el canal del Dique y los departamentos de Bolívar y Magdalena

En ese escenario tienen presencia el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo; el Bloque Resistencia Caribe o Los Costeños; Los Pepes; los Rastrojos Costeños, y bandas tercerizadas. La Defensoría indicó que el EGC mantiene presencia en zonas rurales de Luruaco y Repelón, mientras que otras redes realizan vigilancia, sicariato, cobro de extorsiones y control de fronteras invisibles

Violencia sobre población civil y comunidades vulnerables

La entidad señaló que la región se ha consolidado como un corredor para el tráfico de armas, drogas y ganado, lo que ha favorecido la coexistencia de varios grupos armados ilegales y el aumento de amenazas, patrullajes armados y panfletos con advertencias de exterminio social

También advirtió que la violencia impacta de forma especial a niños, adolescentes y jóvenes, que serían víctimas de reclutamiento y explotación sexual desde los 12 años, mediante promesas y regalos. Además, mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades étnicas figuran entre los más expuestos a hostigamientos e intimidaciones

En municipios como Luruaco y Repelón, donde más del 70% de la población es afrodescendiente, la situación también pone en riesgo la autonomía y la pervivencia cultural de estas comunidades. La Defensoría añadió que la disputa por rentas ilícitas ya deja homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, cierre de negocios, reclutamiento forzado, extorsiones, abigeato y desplazamientos forzados

31 recomendaciones para respuesta urgente

Frente a este panorama, la Defensoría formuló 31 recomendaciones a autoridades nacionales y territoriales, entre ellas los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas. También pidió activar de inmediato la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, con medidas de protección, acceso a la justicia y atención humanitaria con enfoque diferencial

El organismo insistió en que las alertas tempranas son una herramienta preventiva para proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades en riesgo, y advirtió que la falta de intervención institucional podría agravar la crisis humanitaria y de seguridad en la zona