Una coalición de organizaciones, sindicatos y personas con solicitudes migratorias pendientes presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) por dos cambios que, según los denunciantes, dificultan el acceso a la residencia permanente

El recurso fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts y lleva el nombre American Association of University Professors v. Mullin. Los demandantes solicitaron que las medidas sean declaradas ilegales, que se suspenda su aplicación y que se reviertan los cambios

Las dos directrices cuestionadas

Una de las disposiciones está contenida en el memorando PM-602-0199, fechado el 21 de mayo. El documento modifica los criterios para analizar el ajuste de estatus, un mecanismo que permite a ciertos inmigrantes elegibles solicitar la residencia permanente desde Estados Unidos sin realizar el trámite consular en el extranjero

Con la nueva política, presentar la solicitud dentro del país puede ser considerado un factor negativo. Para contrarrestar esa evaluación, los interesados deberían demostrar circunstancias inusuales o extraordinarias, según los términos impugnados

La segunda medida figura en el memorando PA-2026-05, emitido el 5 de agosto. Esta directriz autoriza al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) a rechazar algunas solicitudes incompletas o con pruebas insuficientes sin enviar previamente una Solicitud de Evidencia (RFE) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID)

Esos mecanismos suelen permitir que los solicitantes respondan a las observaciones de la agencia y completen la documentación faltante. Los demandantes advirtieron que un error de escaneo, la pérdida de un documento o una omisión administrativa podría derivar en el rechazo de una solicitud sin una instancia previa de corrección

Los argumentos legales de la coalición

La demanda sostiene que las nuevas reglas restringen una alternativa prevista en la legislación migratoria. El planteo se apoya en la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite a quienes cumplen determinados requisitos solicitar la residencia sin salir de Estados Unidos

Según la coalición, el Gobierno no puede transformar esa vía legal en un factor desfavorable aplicado de manera general. También señaló que los cambios podrían afectar el empleo, las carreras profesionales y la unidad de las familias inmigrantes

El recurso invoca además la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Los demandantes afirman que el Uscis introdujo modificaciones sustanciales sin abrir previamente una instancia de consulta pública

Otro cuestionamiento apunta a la aplicación inmediata de las directrices en expedientes que ya estaban en trámite. La coalición sostiene que algunos solicitantes podrían perder la posibilidad de completar sus documentos bajo las reglas vigentes al momento de iniciar sus procesos

La presentación también menciona la doctrina Accardi, que obliga a las agencias a respetar sus propias normas y procedimientos, y las garantías del debido proceso establecidas en la Quinta Enmienda. Para los demandantes, las medidas se apartan de precedentes administrativos y pueden afectar a personas que no tuvieron oportunidad de responder a las nuevas exigencias

Quiénes participan en el litigio

Entre las organizaciones que impulsan la acción se encuentran la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), sus capítulos vinculados con Harvard y Boston University, y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU)

También participan Americans for Immigrant Justice, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), American Immigration Council, Democracy Forward y el estudio jurídico Colombo & Hurd

La coalición incluye a inmigrantes con solicitudes de residencia pendientes. Entre las autoridades señaladas figuran el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; el DHS; el Uscis; y el director de la agencia, Joseph B. Edlow

Los representantes de la AILA reclamaron que el sistema migratorio preserve la equidad, la transparencia, el debido proceso y el respeto por el estado de derecho