Una demanda colectiva presentada ante un tribunal federal cuestiona tres medidas migratorias aplicadas a personas admitidas en Estados Unidos bajo el programa de refugiados
Los demandantes sostienen que las disposiciones modifican procedimientos vigentes y limitan las garantías legales de quienes buscan regularizar su situación
Qué trámites quedaron paralizados
El reclamo cuestiona un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), emitido en noviembre de 2025, que ordenó detener el procesamiento de los formularios I-485
La medida alcanza a refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025. Según los datos citados en la demanda, al menos 113.000 solicitudes permanecen sin resolución
El mismo memorando dispuso una revisión adicional, conocida como revetting, para refugiados que ya ingresaron legalmente al país. El proceso contempla nuevas entrevistas y evaluaciones sobre el cumplimiento de la definición legal de refugiado al momento de la admisión
El nuevo plazo para responder
La demanda también impugna una regla interina publicada el 14 de octubre, que redujo de 30 a 10 días el período para responder a una notificación de intención de cancelar el estatus de refugiado, conocida como NOIT
Cuando la comunicación se envía por correo, se agregan tres días. Los demandantes afirman que el cambio altera una garantía procesal vigente durante 45 años y dificulta obtener asistencia legal, reunir documentación, traducir expedientes y preparar una respuesta
Según las disposiciones cuestionadas, no responder dentro del plazo puede interpretarse como una renuncia al derecho de defensa. También podría derivar en la cancelación del estatus, la pérdida de la autorización de empleo y el inicio de procedimientos de detención o deportación
Quiénes presentaron el reclamo
La causa, identificada como PANA et al. v. USCIS et al., fue impulsada por seis organizaciones vinculadas con el reasentamiento, la asistencia jurídica y la integración de refugiados e inmigrantes
- Partnership for the Advancement of New Americans (PANA)
- Jewish Family Service of Western Massachusetts
- International Institute of New England
- African Communities Together
- HIAS
- Refugee Council USA
La demanda incluyó además a cuatro personas procedentes de Afganistán, Etiopía, Colombia e Irak, identificadas en el expediente como Lida A., Abdi B., Julio C. y Firas D
La representación legal está a cargo de Democracy Forward Foundation e International Refugee Assistance Project (IRAP), junto con la firma Allen Overy Shearman Sterling US LLP
Qué solicitan al tribunal
Las organizaciones y los refugiados pidieron suspender las tres políticas mientras avanza el litigio. Entre las medidas solicitadas se encuentran una orden de restricción temporal, una medida cautelar preliminar y una suspensión administrativa
También reclamaron restablecer el plazo de 30 días para responder a las notificaciones de cancelación y anular las decisiones adoptadas bajo la regla que lo redujo a 10 días
La presentación pide que el tribunal declare ilegales las políticas, deje sin efecto las medidas impugnadas y certifique el caso como una acción colectiva para representar a los refugiados afectados que todavía no obtuvieron la residencia permanente. Además, solicita el reintegro de honorarios legales y gastos procesales