La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó el uso de ahorros no declarados en operaciones inmobiliarias, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal II, Ley 27.826, que modificó el régimen establecido por la Ley 27.799

La norma, dictada dentro del plazo de 15 días hábiles previsto por la ley, flexibiliza algunos criterios para evaluar el origen del dinero. Sin embargo, mantiene las obligaciones de control a cargo de los escribanos

Un antecedente favorable, pero sin aprobación automática

En las compras de inmuebles por encima de 700 salarios mínimos, el escribano debe continuar analizando el origen de los fondos. La diferencia es que la adhesión vigente del contribuyente al régimen simplificado debe ser considerada como un antecedente favorable y un elemento que reduce el nivel de riesgo

Para acceder a ese tratamiento, el escribano debe verificar que la adhesión esté vigente, que la operación se ajuste al artículo 40 bis de la Ley 27.799 y que no se presente ninguna causal de exclusión

La adhesión no garantiza la aprobación de la operación. También deben evaluarse el del comprador, las características de la compraventa y cualquier indicador de riesgo

Cuando la escritura representa un monto inferior a 700 salarios mínimos vitales, el escribano no actúa como sujeto obligado en los términos señalados y la operación puede realizarse en efectivo sin exigir la acreditación del origen de los fondos

El efectivo ya no es una señal suficiente por sí sola

Para quienes cumplen las condiciones del tratamiento favorable, pagar en efectivo o no contar con comprobantes sobre la compra original de los dólares deja de ser un elemento determinante por sí mismo para considerar sospechosa una operación

El cambio alcanza especialmente a personas que conservaron sus ahorros durante años fuera del sistema financiero y no disponen de documentación que demuestre cómo adquirieron esas divisas

La diligencia simplificada tiene un alcance limitado

La Debida Diligencia Simplificada Especial, que permite una exención total de justificar ingresos, casi no resulta aplicable a las escrituras inmobiliarias

Ese régimen tiene un límite anual de aproximadamente 100 millones de pesos. Como una escritura que supera los 700 salarios mínimos suele exceder ese monto, en las operaciones de mayor volumen continúa siendo necesario analizar el origen de los fondos

El reporte de operaciones sospechosas sigue vigente

La resolución no elimina la obligación de presentar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF cuando existan indicios de una posible maniobra ilícita

La obligación también alcanza a operaciones con señales de fraccionamiento destinadas a evitar los controles. Por eso, estar adherido al régimen simplificado no deja automáticamente una compraventa fuera del sistema antilavado

Por qué la flexibilización es acotada

La UIF fundamentó el cambio en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueven controles proporcionales al riesgo y una mayor inclusión financiera

El objetivo es diferenciar las actividades legítimas de aquellas vinculadas con el uso criminal de circuitos financieros informales, sin que controles excesivos desplacen a los usuarios fuera del sistema regulado

Al mismo tiempo, una flexibilización demasiado amplia podría exponer a la Argentina a su incorporación en la denominada lista gris, con posibles efectos sobre su acceso a los mercados internacionales de capitales