Dos ataques registrados en la región etíope de Oromia dejaron al menos 60 cristianos ortodoxos muertos, según informó la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía
El primer ataque ocurrió el 20 de octubre en el distrito de Merti, donde murieron 14 personas. El segundo tuvo lugar el 24 de octubre en Shirka, con 46 víctimas fatales. Ambos distritos pertenecen a la zona de Arsi
Más de 20 personas resultaron gravemente heridas y 20 viviendas fueron incendiadas, indicó el Santo Sínodo de la Iglesia, que calificó los hechos como masacres brutales y despiadadas
Hailu Adugna, portavoz del gobierno regional de Oromia, responsabilizó al Ejército de Liberación Oromo (OLA). Afirmó que el grupo y sus aliados buscan provocar un conflicto étnico y religioso, aunque no presentó pruebas para respaldar la acusación
Adugna expresó sus condolencias y aseguró que las autoridades regionales comenzaron a actuar contra los responsables. También prometió asistencia para las personas heridas o desplazadas
El OLA no respondió a las acusaciones. Su líder, Jaal Marroo, negó previamente que sus combatientes ataquen a civiles y sostuvo que la organización no está en guerra contra la población
La Iglesia pidió una condena pública de los asesinatos y medidas para impedir nuevos episodios de violencia. También afirmó que los ataques vulneraron las garantías constitucionales de libertad religiosa y derecho a la vida
Oromia, la región más extensa de Etiopía y hogar de unos 40 millones de personas, mantiene desde 2018 un conflicto entre las fuerzas gubernamentales y el OLA. En la zona también operan otros grupos armados y bandas criminales, mientras la población enfrenta asesinatos, extorsiones y secuestros
Investigadores de Naciones Unidas han acusado al OLA de asesinatos, violaciones y secuestros. Organizaciones de derechos humanos también han documentado abusos atribuidos a fuerzas gubernamentales, incluidos ataques indiscriminados con drones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
Las interrupciones de internet y las restricciones a medios independientes y organizaciones civiles dificultan conocer la magnitud total de la violencia contra la población