Una jueza federal de California impuso una multa de US$500 diarios al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por incumplir una orden de entrega de pruebas en una demanda vinculada con los operativos migratorios realizados en 2025 en Los Ángeles

La orden judicial y el incumplimiento

La magistrada Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, declaró al DHS en desacato el martes 4 de agosto. La sanción responde a la falta de avance en la digitalización de comunicaciones guardadas en teléfonos personales y gubernamentales utilizados por más de 800 agentes

La jueza había exigido acelerar la creación de copias digitales de esos dispositivos, pero la agencia no cumplió en los plazos previstos. A partir de esa decisión, el gobierno federal deberá pagar la multa diaria hasta entregar el material solicitado

El DHS rechazó la medida y cuestionó el tratamiento público del caso. En su respuesta, sostuvo que sus agentes están enfocados en la seguridad del país

Qué originó la disputa

La causa se relaciona con las redadas migratorias ejecutadas en Los Ángeles en 2025. En enero, Frimpong había ordenado acelerar la revisión de los teléfonos de los agentes involucrados en esos operativos

Meses después, los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles advirtieron que el DHS había demorado el proceso y que, en el caso de los teléfonos personales, había desobedecido la orden de manera abierta

En junio, representantes legales del departamento admitieron ante el tribunal que todavía no habían entregado los registros. Según su explicación, el ritmo de procesamiento era de tres dispositivos cada dos semanas, una velocidad que los demandantes consideraron insuficiente y que, de sostenerse, implicaría una demora de casi cuatro años

Las redadas en Los Ángeles

Los operativos comenzaron el 6 de junio de 2025 con acciones simultáneas en distintos puntos del área metropolitana de Los Ángeles, incluidos estacionamientos de Home Depot y lugares de trabajo

Las autoridades federales señalaron que el objetivo era ejecutar órdenes migratorias y detener a personas sujetas a remoción. Organizaciones civiles, en cambio, denunciaron que también hubo afectación sobre trabajadores sin antecedentes penales

Las redadas provocaron protestas en todo Estados Unidos y llevaron al presidente Donald Trump a federalizar y desplegar la Guardia Nacional de California. Semanas después, se informó que más de 300 personas habían sido arrestadas

El 11 de julio de 2025, la jueza Frimpong ya había dictado una orden de restricción temporal al considerar que existían elementos que mostraban detenciones sin una sospecha razonable