El aumento de las investigaciones por conducta sexual indebida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevó a sus líderes a crear un grupo de trabajo bipartidista. La comisión está encabezada por las legisladoras Kat Cammack, republicana de Florida, y Teresa Leger Fernandez, demócrata de Nuevo México
Durante las primeras reuniones, exintegrantes de equipos legislativos contaron que habían permanecido en silencio porque temían que denunciar significara el final de sus carreras. Según Cammack, muchas posibles víctimas no saben a quién acudir y tampoco confían en que los responsables enfrenten consecuencias
El plazo de 180 días, uno de los puntos bajo revisión
Las reglas actuales establecen, entre otros requisitos, un plazo de 180 días para presentar una denuncia después de una presunta infracción. El grupo analiza si ese período debería ampliarse. Como referencia, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo permite extenderlo hasta 300 días cuando también se aplican leyes antidiscriminatorias estatales o locales
Cualquier modificación de ese plazo exigiría actualizar la Ley de Responsabilidad del Congreso, que somete a los legisladores a muchas de las normas laborales vigentes para el sector privado. El Senado también tendría que respaldar el cambio
Investigaciones y sanciones recientes
Este año, tres legisladores renunciaron antes de enfrentar una posible votación de expulsión. Dos de esos casos estuvieron relacionados con presuntas conductas sexuales indebidas
Además, la Cámara censuró al representante Chuck Edwards después de una investigación que concluyó que mantuvo una conducta persistente, poco profesional e inapropiada con dos jóvenes empleadas. La medida fue aprobada por 413 votos contra 2
La comisión también investiga a Jimmy Gomez, quien afirmó que cooperará y sostuvo que sus actos fueron consensuados y no violaron la ley ni las normas éticas de la Cámara. Otra investigación analiza acusaciones contra Cory Mills, quien las negó y recientemente perdió unas primarias republicanas
Eric Swalwell renunció mientras sus colegas reclamaban su expulsión por una investigación sobre presunta conducta sexual indebida hacia una persona que trabajaba bajo su supervisión. Tony Gonzales también renunció mientras era investigado por una relación con una integrante de su equipo; había reconocido la relación y la empleada murió posteriormente por suicidio
Una vía única para orientar las denuncias
El grupo de trabajo comenzó con sesiones de escucha junto a legisladores y empleados. También consultó a especialistas de las Fuerzas Armadas, empresas y organizaciones de defensa de víctimas
Entre las propuestas figura crear un punto de contacto único que informe a cada persona sobre las distintas opciones disponibles para denunciar. Sus integrantes describen la idea como una línea de respuesta inmediata para el acoso sexual
Otra posible reforma ampliaría la prohibición vigente sobre relaciones sexuales entre legisladores y empleados de sus propios equipos o comités. El grupo estudia extenderla a todo el personal del Congreso
La legislación aprobada en 2018 ya obliga a los legisladores a reembolsar al Tesoro los pagos y acuerdos derivados de casos de acoso sexual. También garantiza a los empleados acceso a un representante que los oriente durante el proceso de denuncia ante la Oficina de Derechos Laborales del Congreso
El grupo prevé presentar sus recomendaciones después de las elecciones del 3 de noviembre, con la intención de que se adopten antes de finalizar el año